Después de unos meses eclipsados por la inestabilidad en Cataluña, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, avanzó a finales de 2017 que durante este mes de enero retomará los encuentros con los partidos políticos de cara a buscar una aprobación consensuada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Unas cuentas que presentan una serie de interrogantes en el ámbito de la salud. Y es que, el máximo responsable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, indicó a Bruselas que se rebajaría un 0,2% el gasto sanitario en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, en una intervención en el Congreso de los Diputados, el ministro aseguró que subiría el citado desembolso en 3.300 millones de euros en 2018.
Cristóbal Montoro indicó a Bruselas que se rebajaría un 0,2% el gasto sanitario en relación al Producto Interior Bruto
LA DIMISIÓN DE BARREIRO, CONDICIÓN INDISPENSABLE
No obstante, los buenos propósitos de Rajoy para 2018 se han dado de bruces con la realidad. Este miércoles, Ciudadanos ha exigido al presidente del Ejecutivo la dimisión de la senadora Pilar Barreiro si el Partido Popular quiere salvar tanto el pacto de investidura como el acuerdo de los PGE para 2018.
La demanda del partido liderado por Albert Rivera se fundamenta en la citación de Barreiro por el Tribunal Supremo (TS) para declarar como investigada el próximo 15 de enero por varios delitos relacionados con la Operación Púnica.
"Los acuerdos pendientes podrían verse afectados porque no se han concretado en una votación"
El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) que comenzó a investigar el caso, Fernando Andreu, pidió en mayo que se investigara a la senadora por destinar presuntamente dinero público de la Región de Murcia a mejorar su imagen pública en Internet. Un hecho que podría constituir los delitos de fraude, malversación, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.
"El incumplimiento del acuerdo tendría consecuencias en futuros pactos que podríamos tener", ha indicado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. "No se puede acordar con alguien que no tiene palabra. Los acuerdos pendientes podrían verse afectados porque no se han concretado en una votación", ha sentenciado el diputado por Barcelona.