Hacienda ha abierto un paréntesis en la disputa que mantenía abierta con algunas comunidades autónomas por la jornada laboral de 35 horas semanales en el ámbito público, y por ende, el sanitario. Además, se paraliza también la judicialización del asunto, después de los recursos judiciales que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional ante diferentes medidas autonómicas que intentaban sortear la jornada mínima de 37,5 horas que impuso el Ejecutivo en el año 2012.
Tras el acuerdo entre Hacienda y sindicatos, que devuelve la capacidad de negociación colectiva a las comunidades, se abre la oportunidad para que aquellas que lo acuerden con los sindicatos y cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria puedan irla implantando de nuevo. A la espera de que se haga oficial, en torno al mes de junio, ya hay algunas autonomías que se están posicionando al respecto.
Susana Díaz ha pedido a Montoro que pida disculpas a los funcionarios andaluces; mientras Baltar, de Canarias, ha expresado que es "el momento de devolver a los profesionales los derechos perdidos"
Andalucía es una de ellas. La presidenta Susana Díaz ha pedido directamente a Cristóbal Montoro que se disculpe “por negociar ahora a nivel estatal la recuperación de la jornada de 35 horas semanales” después de haber mantenido un pulso judicial en el último año, que motivó la suspensión de la medida que adoptó la Junta de Andalucía para sus funcionarios. Tras ello, han dado la “bienvenida” al acuerdo y esperan poder trasladar al ámbito autonómico lo negociado entre Hacienda y sindicatos.
Otra comunidad interesada es Extremadura. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, cree que se trata de “una buena noticia” y ya algunos sindicatos, como CSIF, han solicitado que se inicien las negociaciones para que se aplique esta jornada. Además, el País Vasco también está expectante, siendo una de las comunidades en la que se suspendió la jornada de 35 horas.
ABIERTOS A NEGOCIAR Y ESCÉPTICOS
Castilla y León ha pedido una evaluación y un plan de financiación para que esta medida no suponga un "agujero" en las arcas autonómicas
Castilla-La Mancha fue otra región que tuvo que suspenderlas en el 2016. Antes del acuerdo el presidente Emiliano García-Page y el consejero Jesús Fernández mantuvieron un encuentro con Satse en el que trataron el asunto. Por su parte, el consejero de Canarias, José Manuel Baltar declaró la semana pasada que “ha llegado el momento de devolver a los profesionales los derechos perdidos”, citando entre ellos a esta jornada laboral. Y Enrique Ruiz Escudero, de Madrid, afirmó: “si tenemos que hacerlo nos adaptaremos a esta medida”.
Mientras tanto, hay comunidades que se han mostrado más incapacitadas a recuperarla en los últimos meses, debido a la cuestión económica. Por ejemplo, Antonio María Sáez, de Castilla y León, lo ha descartado considerando que la vuelta a las 35 horas provocaría un “agujero” en las arcas. Por ello, ha solicitado una evaluación previa y un plan de financiación.
Por su parte, Asturias rechazó el pasado año incorporarla porque no contaban para ello con una partida presupuestaria. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana ve complicado actuar debido a las deficiencias financieras con las que cuentan. Finalmente, casi mil profesionales interinos en Galicia han exigido al Servicio Gallego de Salud (Sergas) que las aplique.