Los pensionistas comenzaron a pagar por primera vez por sus tratamientos a raíz de la aprobación en 2012 del conocido RD 16/2012, norma que introdujo el copago farmacéutico a este colectivo. No obstante, y a pesar de ser una medida propuesta y aprobada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy y que contaba con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, el actual Ejecutivo quiere saber lo menos posible de sus posibles consecuencias negativas.
Así se extrae de la respuesta que ha dado a los diputados del PSOE: Miguel Ángel Heredia y Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad en el Congreso. Estos dos políticos socialistas preguntaron al Gobierno sobre el coste que había supuesto “para las economías familiares de los pensionistas” la implantación del copago farmacéutico. En concreto, se cuestionaban la cuantía generada “desde junio de 2014”.
El Gobierno apunta que, según la Ley del Medicamento, es responsabilidad de las CC.AA. "la gestión de la aplicación de las aportaciones en la prestación farmacéutica y de sus límites máximos"
Sin embargo, el Gobierno ha preferido eludir su responsabilidad amparándose en que se trata de una competencia de las comunidades autónomas. Para ello cita la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que en su artículo 102 indica que “compete a las CC.AA. la gestión de la aplicación de las aportaciones en la prestación farmacéutica y de sus límites máximos, establecidos en función del nivel de renta”.
Asimismo, afirma que en el artículo 104 de dicha norma se establece que “corresponde a las Administraciones Públicas sanitarias la evaluación de las prescripciones por áreas, zonas, terapias, grupos poblacionales y otras circunstancias, cuya competencia pertenece a las comunidades autónomas”. Finalmente, apuntan que “la gestión de la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica a nivel de paciente corresponden a cada servicio de salud”.
EL COPAGO SEGUIRÁ “TAL Y COMO ESTÁ”
La ministra de Sanidad. Dolors Montserrat, anunció en septiembre que el Gobierno iba a “mantener el copago tal y como está”. De esta manera cerraba la polémica que había creado ella misma al principio de la legislatura, cuando había planteado establecer nuevos tramos para los jubilados al creer que “quien más tiene debería pagar más”.