La competencia de la sanidad penitenciaria sólo la tienen adquirida actualmente dos comunidades autónomas: País Vasco y Cataluña. No obstante, ha cumplido ya 15 años la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, norma que estipulaba un plazo de 18 meses para que los servicios sanitarios penitenciarios se integraran en los servicios de salud de las distintas regiones.
Precisamente este jueves, el Gobierno de Navarraha anunciado que va a solicitar al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez asumir varias competencias, entre ellas la de la sanidad penitenciaria, el tráfico y la seguridad vial, la investigación policial y seguridad ciudadana, las becas para estudios universitarios y la investigación y desarrollo científico y técnico e I+D.
Navarra está realizando informes económicos previos "como paso previo para reclamar al Estado la transferencia de competencias pendientes"
Según ha detallado María José Beaumont, consejera navarra de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, los distintos departamentos implicados están realizando informes económicos “como paso previo para reclamar al Estado la transferencia de competencias pendientes”. En una respuesta parlamentaria, Beaumont ha explicado que ha solicitado a Meritxell Batet, ministra de Política Territorial que designe a un representante en la Junta de Transferencias.
PETICIONES AUTONÓMICAS Y POLÍTICAS
La transferencia de la sanidad penitenciaria es una antigua reivindicación autonómica. De hecho, los parlamentos de varias comunidades, como la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Andalucía, Baleares o Murcia han aprobado distintas declaraciones en las que solicitaban dicha transferencia al Gobierno central.
Por su parte, tanto en el Congreso como en el Senado se han aprobado varias propuestas para reclamar al Ejecutivo de turno este traslado de competencias. Por ejemplo, la Cámara Alta aprobó por unanimidad una moción en este sentido que lo consideraba como “una necesidad urgente y requisito ineludible para conseguir la equidad y normalización de la sanidad penitenciaria”.
TAMBIÉN DE LOS PROFESIONALES
Parlamentos autonómicos, diputados, senadores y profesionales sanitarios han exigido a los distintos gobiernos la transferencia de la sanidad penitenciaria
Los profesionales sanitarios también lo llevan reclamando mucho tiempo. Por ejemplo, la Mesa de la Profesión Enfermera solicitó en mayo que se procediera a este traspaso y para ello envió cartas a los anteriores ministros de Interior y Sanidad, Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat.
De la misma manera, representantes de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria(SESP)han exigido al Ministerio de Sanidad que la prestación de la sanidad en las cárceles españolas debe ser asumida por las comunidades autónomas en vez de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Además, ha demandado que pongan fecha a estas transferencias.
CARCEDO, BATET Y GRANDE-MARLASKA
Con el cambio de Gobierno, la competencia para encabezar dicho traspaso le corresponde a varios ministerios. Por una parte, María Luisa Carcedo, de Sanidad, quien puede actuar desde el Consejo Interterritorial del SNS; Meritxell Batet podría hacer lo mismo desde el departamento de Política Territorial; y Fernando Grande-Marlaska, desde Interior.