La Institución del Defensor del Pueblo ha entregado este miércoles a las Cortes Generales el Informe Anual 2019. En dicho ejercicio, la Institución tramitó 20.616 expedientes, entre quejas (20.215), investigaciones de oficio (266) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (135). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.402, de los cuales 2.501 fueron presenciales y 14.901 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.
Además, formuló a las Administraciones un total de 1.551 resoluciones, de las cuales 574 fueron recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias.
ACTUACIÓN EN SANIDAD
En lo que compete al ámbito sanitario, el Defensor llama de nuevo la atención sobre la compensación solo parcial en los últimos años de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, a causa de la crisis económica.
La institución llama de nuevo la atención sobre la compensación solo parcial en los últimos años de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas
Destacan también las actuaciones por la insuficiencia de recursos sanitarios en las zonas rurales y por la falta de cobertura de especialistas en el ámbito de la Atención Primaria. El refuerzo en este nivel asistencial es imprescindible, según subraya en su informe.
Asimismo, recomienda apostar decididamente por el desarrollo de la cartera sociosanitaria de prestaciones, es decir por los cuidados de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
Además, el sistema de copago de los medicamentos, que se introdujo por motivos de ahorro en 2012, afecta negativamente a personas con pocos recursos económicos y desempleadas, así como a personas con discapacidad o con enfermedades muy graves, según se señala en el informe.
La institución confía en que pueda acometerse la reforma normativa, que ha recomendado reiteradamente, para ajustar, en términos de progresividad y equidad, el actual modelo de copago farmacéutico. "Urge la introducción de un supuesto de exención del copago para las personas con ingresos por debajo de un determinado umbral mínimo de renta", según remarca.
Urge la introducción de un supuesto de exención del copago para las personas con ingresos por debajo de un determinado umbral mínimo de renta, según el informe
Asimismo, considera preciso valorar de manera positiva la reforma de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud por el Decreto-ley de 2018 que amplió la cobertura de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas extranjeras en situación irregular. Sin embargo, algunos aspectos que pueden afectar a personas en situación de vulnerabilidad económica y social quedaron regulados de forma incompleta, lo que exigiría una corrección normativa en cuanto fuera posible. Por ello, el Defensor realizó recomendaciones para garantizar la asistencia sanitaria gratuita a colectivos vulnerables que aún están excluidos de la normativa.
En materia de gasto sanitario, ofrece argumentos para sostener la idea de que el acceso universal a la sanidad (independientemente del status administrativo) no es solo una exigencia ética, sino que además es una medida de eficiencia económica, en la medida en que contribuye a mejorar la salud colectiva de toda la población y previene los excesivos costes que supone relegar la atención médica de la inmigración en situación irregular a una situación de emergencia médica.
El estudio defiende, por otra parte, que los extranjeros hacen un uso inferior de consultas, pruebas diagnósticas y medicamentos, generando un menor gasto per cápita en sanidad que el asociado a la población nativa.
Otras recomendaciones destacadas tienen que ver con la reducción de las listas de espera y para impulsar la salud mental en el SNS.
RESIDENCIAS DE MAYORES
El Defensor del Pueblo ha venido alertando de las carencias de medios y personal en muchas residencias de mayores, a lo que dedica un amplio espacio en su informe
Como recuerda, en 2018, la Institución puso de manifiesto en su informe anual el resultado del examen realizado sobre las residencias públicas y privadas de la tercera edad en el conjunto del Estado. Las conclusiones fueron objeto de seguimiento con todas las comunidades autónomas en 2019. El resultado ha permitido ratificar el análisis y sus conclusiones, que se han recogido en una separata que acompaña al Informe Anual.
El Defensor del Pueblo advierte que deben abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias
Así, el Defensor ha podido confirmar toda una serie de conclusiones en asuntos tales como la dispersión normativa sobre centros residenciales; la recopilación de datos que realizan las CCAA; la insuficiencia de plazas; la necesidad de revisar al alza de ratios de personal; la asistencia sanitaria que reciben las personas que viven en residencias; y las inspecciones que se realizan.
También se han analizado situaciones que afectan a la libertad, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico y las sujeciones físicas.
La institución considera al respecto que deben abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias y que exijan una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo y mejora de la atención médica, así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones para hacer frente a los retos presentes y futuros de este sector.
Otro apartado del informe que cabe destacar es el relacionado con la situación de los menores, habiendo avisado en sucesivas ocasiones sobre el elevado número de niños que el sistema de protección de menores todavía acoge en el modelo residencial y considera que las administraciones públicas tienen que adoptar políticas integrales destinadas a apoyar a las familias de acogida.
En concreto, cree necesario mejorar las ayudas, dar más y mejor apoyo, así como formación a las familias acogedoras, aumentar el número de familias capacitadas para acogimientos especializados y desarrollar el acogimiento profesionalizado.
Otro apartado es el relacionado con centros penitenciarios, haciendo referencia a un aspecto concreto como es el de las personas con discapacidad intelectual en prisión, haciendo referencia a un estudio de 2019 Personas con discapacidad intelectual en prisión "ue ha contribuido a visibilizar la situación de un colectivo muy desconocido por la sociedad y altamente vulnerable", según indica..
MIGRACIONES
Para el Defensor del Pueblo, 2019 ha sido el año en el que se ha alcanzado una nueva cifra histórica, esta vez referente al número de personas que han solicitado protección internacional (118.264 personas).
Destaca la falta de participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la gestión de la acogida de personas extranjeras
En opinión de esta institución la gestión de la acogida humanitaria de las personas que acceden de manera irregular a España y que por motivos variados no pueden ser expulsadas, y la gestión de la acogida de aquellas que solicitan protección internacional necesitan una profunda revisión orgánica y funcional.
En ambos casos, a través de las actuaciones realizadas, se detectan dos carencias fundamentales: en primer lugar, la existencia de varios organismos, adscritos a distintos departamentos ministeriales, con competencias concurrentes y con deficiencias en la coordinación. Y en segundo lugar, la falta de participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la gestión de la acogida.
SEGURIDAD CIUDADANA
El Defensor volvió a insistir en la necesidad de reformar algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana. La Institución ha constatado que hay un debate social en cuanto a la «proporcionalidad en el uso de la fuerza», no tanto cuando se ejerce pacíficamente el derecho de manifestación, sino cuando, a su vez, los ciudadanos ejercen resistencia pasiva o violencia activa ante una actuación legal de la policía.
Se considera necesario, además, que exista un protocolo de actuación del uso de la fuerza que proporcione a los agentes instrucciones claras y precisas sobre la manera y circunstancias en las que deben hacer uso de la fuerza, de las armas reglamentarias y de los materiales antidisturbios.
Por otra parte, en 2019 se realizaron numerosas actuaciones relacionadas con la contaminación en sus diferentes vertientes (aire, suelo, malos olores, ruido, electromagnética). Además, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caza de Castilla y León y analizó los medios con los que cuentan las administraciones para combatir los incendios forestales.