Hace casi dos años que entró en vigor la Instrucción por la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado iniciaban nuevas acciones dirigidas a incrementar la protección de los profesionales sanitarios y tratar de frenar el aumento de las agresiones. Aprobada con Dolors Montserrat como ministra de Sanidad y Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior, y con el visto bueno de la Organización Médica Colegial (OMC), se daba paso a un protocolo común.
Desde entonces, julio de 2017, la ejecución de dicha Instrucción no ha sido del todo completa. De hecho, algunas de las normas propuestas no se han terminado o no se han puesto en marcha. Para conocer cuáles apenas se ha avanzado, ConSalud.es se ha puesto en contacto con representantes tanto del Ministerio de Sanidad como del Ministerio del Interior, ahora dirigidos por María Luisa Carcedo y Fernando Grande-Marlaska.
Medidas como la creación del catálogo de centros sanitarios más conflictivos, el registro de agresiones o el mapa avanzan pero de forma más lenta
Cabe recordar que entre las medidas ‘estrella’ estaban la creación de la figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario y los territoriales; la elaboración de un catálogo de centros médicos y su clasificación según el grado de riesgo de acción delictiva, la creación de un registro de agresiones mediante un sistema de información del SNS o la configuración de un mapa que identifique los puntos más críticos.
La actuación que más ha progresado es la de la figura del Interlocutor Policial, que ha creado a su vez una red de interlocutores provinciales y autonómicos entre miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil. Estos se han encargado de impartir “más de 1.600 actividades formativas e informativas a profesionales de la salud” en todo el Estado y de mantener “más de 3.200 reuniones con los interlocutores territoriales” según Interior.
EL CATÁLOGO DE CENTROS, “EN FASE DE CREACIÓN”
Pese a ello, medidas como la creación del catálogo de centros, el registro de agresiones o el mapa avanzan pero de forma más lenta. En el caso de la catalogación de centros sanitarios en función del nivel de riesgo, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska detalla a este medio que “se encuentra en fase de creación debido a su complejidad”. Y es que ha habido “problemas de coordinación” entre administraciones al no haber un sistema de información común.
Después de "una intensa labor de coordinación", Interior comienza a recoger datos de victimizaciones sanitarias tras crear un índice de comparación de criminalidad homogéneo
En este sentido, y “tras una intensa labor de coordinación” entre Sanidad, las comunidades autónomas y los centros, se ha creado un índicede comparación homogéneo con el que se puede “disponer de datos de criminalidad en el ámbito sanitario validados de conformidad con los criterios metodológicos por los que se rige el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior”.
Para establecer este procedimiento común ha sido necesaria la adecuación y modificación de los sistemas de información de cada comunidad autónoma para adaptarse al modelo de Interior “y así conseguir armonizar los datos para poder tratarlos en su conjunto”.
Posteriormente, el próximo paso en el que esperan prosperar es el de vincular los datos y las estadísticas que recojan Policía Nacional y Guardia Civil con los hechos de los que sean víctimas los profesionales de la salud y el centro sanitario adscrito. Así, en base a las victimizaciones que presenten y a otros indicadores, podrá desarrollarse el mapa y definir cuáles son las necesidades de seguridad de cada centro sanitario.
SIN FECHA DE PUBLICACIÓN
Tanto el Ministerio del Interior como el de Sanidad, dirigido actualmente por María Luisa Carcedo, insisten a este medio que todos los órganos implicados “están trabajando” en el desarrollo de cada una de las medidas previstas en la Instrucción. Sin embargo, debido a su “complejidad”, no precisan en establecer una fecha para su culminación. Además, desconocen si la información que se genere será totalmente pública o si se limitará el acceso a los cuerpos de seguridad e interlocutores.