Casi una semana después del 28M, las elecciones autonómicas y municipales y las próximas elecciones generales siguen trayendo consecuencias. Y es que, con las cortes disueltas, algunas de las leyes que el Gobierno se había propuesto aprobar o poner en marcha, han quedado en el limbo. El el caso de la Agencia Estatal de Salud Pública. Esta ley no sólo se encontraba el el Plan Anual Normativo de 2022, si no también en el de este año. Finalmente, será el gobierno que salga de las próximas elecciones el que siga los pasos pertinentes en relación a la agencia.
La agencia se planteó como un organismo público estatal adscrito al Ministerio de Sanidad que ejercieses las competencias de vigilancia de la salud pública, análisis y estudio, evaluación de políticas públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria. Hoy por hoy, la ley que regula su creaciión se ha elevado al Consejo de Ministros de manera favorable, pero no se ha conseguido llevarla a término formalmente. De hecho, el consejo aprobó a principios del pasado mes de febrero la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia de este Proyecto de Ley. Hasta este momento, y según informaba desde el Congreso de los diputados, la ley todavía se encontraba en “plazo de ampliación de enmiendas”, las cuales deberían ser atendidas por la comisión de Sanidad y Consumo.
El consejo aprobó a principios del pasado mes de febrero la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia de este Proyecto de Ley
Antes de marcharse del ministerio de Sanidad, la ex ministra y actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ya calificó esta creación como una "prioridad del país". José Manuel Miñones, actual titular de Sanidad, debía recoger este testigo y tratar de poner en marcha la agencia. No obstante, no ha habido lugar pese a que la agencia ya contaba incluso con una partida presupuestaria. Concretamente, a través de fondos europeos, se habían previsto en este 2023, unos 7,4 millones de euros, de los que un total de 3,2 millones de euros se destinarán para el equipamiento tecnológico de la agencia y 4,2 millones para la red de vigilancia en Salud Pública. También se preveía la integración de 49 perfiles procedentes del Ministerio de Sanidad y 13 del Instituto de Salud Carlos III. En total, 251 profesionales pasarían a formar parte de la AESP.
Algunas de las incógnitas que debían resolverse antes del final de la legislatura (por compromiso del Ejecutivo), y que no se van a poder aclarar por el momento, serían la fecha de su materialización y el lugar en el que se establecería el centro. La ubicación de esta sede, que debía ser resulta por el Consejo de Ministros. Aunque ya conocemos el número de profesionales que la integrarían, nada se sabe sobre quién estará al frente de la agencia. Este nombramiento correspondería al Ministerio de Hacienda y el de Sanidad.
Carolina Darias, ya calificó esta creación como una "prioridad del país". José Manuel Miñones, actual titular de Sanidad, debía recoger este testigo y tratar de poner en marcha la agencia
Este reto ha ido pasando de mano en mano y, ahora, será el turno del próximo gobierno de España, bien sea nuevamente el PSOE o un nuevo partido, de acometerlo. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ya afeaba que la vigilancia en salud pública no podía ser "un patito feo". Simón recordaba que "hay que vigilar de manera coordinada, organizada, con recursos modernos, porque la vigilancia no puede ser el patito feo de la salud, ya que sin datos sólidos no podemos tomar decisiones eficaces". La actual vigilancia no es "mala", pero tampoco es "todo lo buena que debería ser", decía.
Pero Simón no ha sido el único experto que ha pedido un impulso a esta ley. La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) también se ha pronunciado varias veces en este sentido. Los epidemiólogos piden la coordinación y colaboración entre las distintas comunidades autónomas y el nivel estatal para la puesta en marcha y el buen funcionamiento de la agencia.
RED DE VIGILANCIA ESTATAL
Todas estas reivindicaciones vienen de la mano de las referentes a la Red de Vigilancia en Salud Pública. Esta red, que se creará por Real Decreto, determina el trabajo de las redes de vigilancia y desarrolla acciones que protegen y promueven la salud y previenen la enfermedad. Es también una de las muletas en las que puede apoyarse el Estado para poder tomar decisiones en materia de política sanitaria.
Esta red también sería el eje sobre el que se vertebraría la agencia estatal. La SEE también reivindicaba la necesidad de la aprobación y publicación del Real Decreto de esta red es una competencia estatal, pero cada una de las comunidades autónomas tienen mucho que decir en cómo se conformará dicha Red en el futuro próximo.
De esta manera, hoy en día, tanto la red de vigilancia como la agencia estatal, están aprobadas por el Consejo de Ministros. Justo antes de la convocatoria de la elecciones, ambas se encontraban en tramitación parlamentaria. Ahora, con las elecciones convocadas y sin cortes generales, algunas funciones del Congreso están en manos de la Diputación Permanente. Si bien este órgano tiene competencias para tramitar decretos ley, no parece muy probable que esto ocurra antes del 23J. Así, a todas luces, deberemos esperar a que se conforme un nuevo gobierno para ver qué sucede con la agencia y la red de vigilancia.