Las comunidades autónomas no podrán recibir, por el momento, los más de 7.000 millones de euros que el Gobierno les debe (al menos 4.000 por las entregas a cuenta y 2.500 de la actualización del IVA) según el sistema de financiación autonómica y que podrían destinarse al refuerzo de servicios públicos, como la sanidad, la educación o la dependencia.
Así lo ha determinado la Abogacía del Estado mediante un informe enviado al Ministerio de Hacienda y al que ha tenido acceso El País. En este documento, este órgano jurídico indica que un Gobierno en funciones no tiene la capacidad de emprender “orientaciones políticas” como son la aprobación de los presupuestos generales o “la revisión de las entregas a cuenta a las comunidades” debido a “su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa”.
Comunidades como Cataluña, Andalucía, Castilla y León o la Comunidad Valenciana han mostrado su preocupación ante la posibilidad de aplicar recortes públicos
Con la publicación de este informe, el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede ya enfrentarse a la Generalitat de Cataluña que este martes decidió iniciar acciones legales para reclamar al Estado “más de 1.300 millones pendientes” por la financiación. La consejera de Salud catalana, Alba Vergés, llegó a denunciar que “el Estado español nos quiere recortar nuestro derecho a la salud”.
Junto a Cataluña, un buen número de comunidades autónomas están exigiendo a Sánchez y a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que actúen de una u otra forma para no tener que aplicar recortes en los servicios públicos. Por ejemplo, Andalucía ha reclamado que se convoque de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF); CastillayLeón le ha enviado una carta al presidente para solicitarle medidas urgentes; o la Comunidad Valenciana, que pide un debate conjunto.
SIN EXPLICACIONES EN EL SENADO
Esta circunstancia está despertando la crítica de la mayoría de los partidos de la oposición. De hecho, este martes se debatió en la Diputación Permanente del Senado una propuesta para que Montero compareciera de forma urgente para explicar las consecuencias que tiene para las comunidades autónomas el hecho de que el Gobierno esté en funciones. Sin embargo, la mayoría del PSOE en este órgano tumbó la propuesta.