La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) ha anunciado una nueva acción con la que esperan obtener una solución definitiva para que el Estado les reconozca y compense económicamente, como así ha ocurrido con el resto de afectados en distintas partes del mundo.
Según han apuntado miembros de este organismo, el Defensor del Pueblo ha solicitado al actual Gobierno central un “expediente completo” de todos los trámites iniciados para reconocer oficialmente a los afectados y de las partidas contempladas en los diferentes presupuestos, que no han sido ejecutadas. Y con toda esta información y documentación que reciba la institución que lidera Ángel Gabilondo, desde Avite han apuntado que emprenderán “las acciones que correspondan”.
El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales "la remisión de información sobre el abono de las indemnizaciones a las víctimas de la talidomida"
En concreto, según ha detallado Avite, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales "la remisión de información sobre el abono de las indemnizaciones a las víctimas de la talidomida". Anteriormente, desde Avite se habían dirigido a esta institución por el "incumplimiento sistemático" del Gobierno en este concepto.
Este anuncio fue publicado por Avite el pasado 25 de diciembre, día en el que se cumplieron 66 años de la primera víctima “oficial” de la talidomida en todo el mundo. Seis décadas después, la gran mayoría de personas afectadas en el mundo han sido reconocidas y compensadas a nivel económico, incluso con pensiones vitalicias.
Así ha ocurrido en todos los países menos en España, donde muchas víctimas aún esperan e incluso mueren mientras se les compensa con ayudas por el todo el sufrimiento acumulado a lo largo de sus vidas. “Nadie quiere saber nada de nosotros. La gente se sigue muriendo. Ellos saben del dinero que hace falta. ¿Por qué no dotan la partida? No sabemos por qué. No lo entendemos”, denunciaba en palabras para ConSalud.es el presidente de Avite, José Riquelme.
POR LEY, DESDE EL 2018
Las ayudas económicas a los afectados por esta sustancia durante el periodo 1950-1985 fueron incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2018. Cuando ya gobernaba Pedro Sánchez gracias a la moción de censura, se añadió una disposición adicional a las cuentas públicas debido al apoyo de la mayoría de grupos a una enmienda del PP. Únicamente votó en contra el PSOE.
Según indicaba la medida, como recogía el BOE, España concedería ayudas a quienes durante el mencionado periodo “sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la Talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas siempre que la gestación se haya producido en España”.
En los PGE de 2018 se incluyó una enmienda por la que se concedería ayudas de 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocido a la persona afectada
El importe de las ayudas fue cifrado como “el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada”. Además, estas personas podían hacer compatibles estas ayudas “con cualquier pensión pública”, con la percepción de “otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza” y con el derecho “a las prestaciones farmacéuticas y ortroprotésicas” necesarias, con la exención de cualquier tipo de pago.
Finalmente, se fijó otro punto por el Gobierno de España debía recabar de la farmacéutica Grünenthal “la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado”. Esta negociación y debate serviría para “incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas”.
RD SIN APROBAR, PGE SIN EJECUTAR
Sin embargo, cuatro años después, ningún afectado ha recibido compensación económica alguna. Con María Luisa Carcedo como ministra de Sanidad se anunció el Real Decreto que desarrollaría la enmienda incluida en los PGE de 2018 y se prometió que se respetarían las cuantías definidas pese a que se aprobaron “sin respaldo presupuestario”.
No obstante, la propuesta de RD de Sanidad no contó con el respaldo de Avite. Esta asociación presentó sus alegaciones, en las que lamentaban que no se regulara la exención fiscal de las ayudas como sí ocurría en otros países, que no se exigiera colaboración a la farmacéutica y que no se estableciera un plazo máximo para el reconocimiento oficial de los afectados por parte del ISCIII.
El prometido RD que desarrollaba las ayudas económicas aún no ha sido aprobado por el Gobierno pese a que fue anunciado en 2019; además, los PGE tampoco han ejecutado las partidas proyectadas
Mientras tanto, el Comité Científico-Técnico de la Talidomida publicó a finales de 2019 los resultados provisionales de la evaluación llevada a cabo a las personas afectadas. De las 584 solicitudes recibidas, se determinó que 127 eran compatibles con embriopatía por talidomida. Por entonces, se conformó un nuevo Gobierno, esta vez de coalición, lo que causó el retraso en la aprobación del RD.
De hecho, mientras que hasta ahora era el Ministerio de Sanidad el que llevaba el asunto, posteriormente éste se trasladó al Ministerio de Derechos Sociales, liderado primero por Pablo Iglesias y luego por Ione Belarra, ambas de Unidas Podemos. Tanto la formación morada como el PSOE han prometido que el RD estaba en la “última fase de tramitación”, sin que las víctimas supieran nada al respecto.
Desde entonces, los PGE de cada año han incorporado distintas partidas económicas pensadas para pagar estas ayudas. La última, en los proyectados para el 2023 con una dotación de 32 millones de euros. Pero, como denuncian desde AVITE, pasan los años y esta cantidad “ni se ejecuta ni se incrementa”.