27/MAYO/2017
salud

Pacientes

Unidos Podemos propone en una ley que la eutanasia “sea una cuestión de Estado”

La Proposición de Ley Orgánica defiende que el derecho “a morir dignamente” se incluya en la cartera básica del SNS. Plantea, además, modificar la Ley 10/1995 del Código Penal para que no se penalice a los médicos que la apliquen.

Eva García Sempere, Marta Sibina y Ángela Rodríguez, diputadas de Unidos Podemos.
PACO CORDERO | Madrid - 18-01-2017 | 0


Garantizar “una vida digna hasta el final” es el principal objetivo de la propuesta de Ley Orgánica que ha presentado este miércoles el grupo parlamentario Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Una ley de eutanasia a nivel estatal que según las diputadas Marta Sibina (En Comú Podem), Ángela Rodríguez (En Marea) y Eva García Sempere (IU), es una demanda que cuenta “con el respaldo de más del 75% de la sociedad española desde hace años”.

La propuesta de este grupo es que esta normativa se incluya en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud de manera que el Estado garantice que los ciudadanos que así lo deseen puedan ejercer su derecho “a morir dignamente”. Y es que, actualmente son seis comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Navarra, Canarias, Baleares y Galicia) las que tienen regulada este asunto mientras otras sólo llegan a reglamentar los testamentos vitales.

Mayores de 18 años o menores legalmente emancipados con una enfermedad terminal "sin esperanza" o sufrimiento psíquico o físico "intolerable" podrán solicitar la eutanasia
Según el documento presentado, que según las diputadas van a poner en conocimiento del resto de formaciones políticas para lograr su apoyo, podrán solicitar la eutanasia las personas mayores de 18 años o menores emancipados legalmente que concurran a una serie de circunstancias. Una de ellas es que presenten “una enfermedad terminal en la que no tengan esperanza o sufrimiento psíquico o físico intolerable para la persona”.

Por otra parte, la proposición de Ley establece que los servicios sanitarios tanto públicos como privados, y por ende sus profesionales, deben garantizar la eutanasia a quienes lo soliciten, aplicando de esta manera los principios de “autonomía, libertad, universalidad, dignidad y solidaridad”. Además, atendiendo a la objeción de conciencia, el documento fija que se tiene que derivar “a un médico no objetor” si el entorno médico del paciente no le garantiza este derecho en un primer momento.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

En el apartado de disposiciones para una futura entrada en vigor de la Ley, la propuesta de Unidos Podemos pasa por “modificar el Código Penal” debido a que, hoy por hoy, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en su artículo 143.4 señala que penaliza “la realización de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido”.

Finalmente, y con el objeto de evaluar que la normativa se cumple, la iniciativa de este grupo parlamentario es crear dos comisiones: una autonómica que revise los informes de los pacientes que lo soliciten; y otra estatal de seguimiento encargada de realizar un informe anual para garantizar su cumplimiento.

LAS ASOCIACIONES PRO-EUTANASIA CELEBRAN LA INICIATIVA

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha celebrado este proyecto de ley orgánica. "Esta iniciativa es la primera oportunidad real de regular en el Estado español un derecho sobre el que existe una amplia demanda social en todos los países desarrollados y un primer paso para el reconocimiento de la libertad de toda persona a decidir cuándo y cómo finalizar su vida, con todas las garantías", afirman desde esta asociación.

Por su parte, el presidente de DMD Madrid, Fernando Marín, añade que "mientras la eutanasia sea un delito los ciudadanos seguirán encontrando obstáculos para decidir cómo desean ser cuidados al final de su vida". Asimismo, manifiesta que el art. 143.4 del Código Penal "no sólo tiene el efecto de prohibir la eutanasia, sino que también provoca una inseguridad en los profesionales que perjudica la asistencia en el proceso de morir y se usa a menudo como un subterfugio para no respetar decisiones amparadas por la ley de autonomía y las leyes autonómicas de muerte digna".


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