La Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia (en adelante, DGCCSyF), uno de los departamentos que compone el Ministerio de Sanidad, ha señalado recientemente que los expedientes de los fármacos de acción lenta para el tratamiento de la artrosis, conocidos como SYSADOA, "están cerrados y resuelto el procedimiento de desfinanciación" de este grupo de medicamentos.
Esta es la respuesta oficial que Sanidad ha ofrecido a la carta enviada desde la Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis (OAFI) al titular de la institución, Salvador Illa, para conocer el punto exacto del proceso.
"Lamentamos que el Ministerio de Sanidad adopte una decisión trascendental, que afecta gravemente a la calidad de vida de la población de pacientes más vulnerable, sin querer oír previamente a la principal asociación que los representa"
Conocida la postura, OAFI lamenta que el Ministerio de Sanidad "adopte una decisión trascendental, que afecta gravemente a la calidad de vida de la población de pacientes más vulnerable, sin querer oír previamente a la principal asociación que los representa, negándose a admitir nuestras alegaciones pese a haber sido presentadas dentro del plazo legalmente permitido para ello, y situando así en una posición de indefensión manifiesta a este colectivo de pacientes".
Ante esta situación, "indigna de un Estado que se dice Social y de Derecho", la fundación se ha visto obligada a interponer un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Sanidad, "solicitando que se revoquen las decisiones adoptadas de forma tan irregular como insensible por parte de la DGCCSyF de dicho ministerio".
Es importante señalar que, junto con dicho recurso, se solicitaba asimismo a la Secretaría de Estado de Sanidad que se dejase en suspensión cautelar la decisión de excluir estos fármacos de la prestación pública, "a fin de no infligir perjuicios totalmente innecesarios a los pacientes, hasta el momento que se pronuncie dicha Secretaría de Estado de Sanidad, o en caso de ser necesario, los tribunales de Justicia".
"A día de hoy nuestra fundación no ha recibido respuesta a dicha solicitud, por lo que entendemos, y así debería confirmarlo el propio Ministerio de Sanidad para tranquilidad de los pacientes, que la exclusión de estos fármacos de la prestación pública, inicialmente prevista para el 1 de noviembre de este año, ha quedado cautelarmente suspendida"
"A día de hoy nuestra fundación no ha recibido respuesta a dicha solicitud, por lo que entendemos, y así debería confirmarlo el propio Ministerio de Sanidad para tranquilidad de los pacientes, que la exclusión de estos fármacos de la prestación pública, inicialmente prevista para el 1 de noviembre de este año, ha quedado cautelarmente suspendida hasta que la Secretaría de Estado de Sanidad, o en su caso el tribunal competente, dictaminen”.
La fundación, agregan, "considera fundamental que la citada Secretaría de Estado de Sanidad se pronuncie claramente al respecto, dadas las informaciones confusas y posiblemente contradictorias que están llegando a los pacientes sobre esta cuestión generándoles una angustia totalmente innecesaria en un momento, además, especialmente delicado debido a la situación generada por la epidemia COVID-19", sentencian.