La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, integrada en la estructura administrativa del Ministerio de Sanidad, ha iniciado el procedimiento relativo a la exclusión de la financiación de los SYSADOA, tal y como adelantó en exclusiva ConSalud.es el pasado 25 de octubre.
Los fármacos de acción sintomática lenta (SYSADOA, por sus siglas en inglés SYmptomatic Slow Acting Drug for OsteoArthritis), son un grupo terapéutico de medicamentos concebidos para el tratamiento de la artrosis, una patología considerada como la enfermedad reumatológica más frecuente en España y que afecta, especialmente, a mujeres y jubiladas.
Los SYSADOA son un grupo terapéutico de fármacos eficaces y seguros que han demostrado, en diversos ensayos clínicos, su buen hacer en artrosis de rodilla y manos
Han pasado los meses, la cartera de Sanidad ha pasado de María Luisa Carcedo a Salvador Illa, pero las necesidades de los pacientes con artrosis se mantienen. Esta situación ha puesto en alerta a las consejerías autonómicas de Sanidad y Salud, unos organismos que se han percatado que, de llevarse a cabo el proyecto, la población afectada quedaría huérfana de una alternativa terapéutica.
Según ha podido saber ConSalud.es, algunos responsables de Farmacia han mostrado su preocupación ante este vacío terapéutico. Es preciso recordar que los SYSADOA, concretamente condroitín sulfato y la combinación condroitín sulfato más glucosamina, son un grupo terapéutico de fármacos eficaces y seguros que han demostrado, en diversos ensayos clínicos, su buen hacer en artrosis de rodilla y manos.
Los expertos desaconsejan la utilización de los AINEs y los opioides como posible vía sustitutiva por los múltiples problemas que conllevarían en este segmento de la población
La patología genera incapacidad funcional y está asociada a comorbilidades como la hipertensión arterial, insuficiencia renal, diabetes o problemas gástricos. Por lo tanto, los expertos desaconsejan la utilización de los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y los opioides como posible vía sustitutiva por los múltiples problemas que conllevarían en este segmento de la población.
Por todo ello, los gobiernos autonómicos confían en que el Ministerio de Sanidad recapacite su decisión, comprenda que no existe alternativa terapéutica y tenga en consideración, por un lado, los costes asociados a las arcas públicas y, por otro, el perjuicio que supondría para la economía doméstica de los afectados.