La huella de los conflictos armados no solo se limita a las pérdidas humanas directas por armas, sino que también son consecuencia del daño a los sistemas de salud, el acceso limitado a servicios médicos fundamentales o el resurgimiento de enfermedades infecciosas. En el segundo volumen de la serie "Salud Pública y Conflictos Bélicos”, titulado “Impacto de los conflictos armados en la prevención y atención a personas con enfermedades crónicas: la muerte silenciosa”, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) hace hincapié en el impacto de las guerras en las enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal y la salud mental, entre otras.
“La prevalencia de las enfermedades crónicas es alta en zonas de conflicto”, aunque actualmente “hay pocas publicaciones” al respecto, apuntan en el documento. En el año 2018, antes de la pandemia y del conflicto iniciado en 2023, las enfermedades crónicas “representaron más de las dos terceras partes del total de defunciones en los territorios palestinos ocupados”. Cabe recordar que estas enfermedades suponen la mayor carga de morbilidad en la mayoría de los países y que la falta de atención incide en la calidad de vida de forma decisiva. “Pueden afectar hasta un 70% de la población a lo largo de la vida”, y en los conflictos armados “la prevención primaria y secundaria, el control de factores de riesgo, el acceso a las pruebas diagnósticas y los tratamientos quedan interrumpidos”, lo que tiene unas “importantes consecuencias” sobre las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
“La prevalencia de las enfermedades crónicas es alta en zonas de conflicto, pero hay pocas publicaciones al respecto"
La interrupción de tratamientos y cuidados aumenta la mortalidadprematura evitable entre las personas con enfermedades crónicas, explican desde SESPAS. La falta de acceso a los tratamientos agrava el pronóstico de los pacientes con cáncer. Durante la guerra de Siria, solo el 46% de la población pudo completar el tratamiento con radioterapia y el 55% con quimioterapia como consecuencia del déficit de instalaciones y personal sanitario. Según un estudio realizado a raíz del conflicto desatado en el 2020 en Etiopía, el 64,6% de las personas que sufrían de VIH/SIDA, hipertensión, diabetes e insuficiencia cardíaca habían dejado los tratamientos.
Las devastadoras consecuencias de esta problemática se ven de manera más agravada entre la población con un nivel socioeconómico más bajo y en situación de vulnerabilidad, quienes sufren un impacto desproporcionado en los conflictos. La falta de acceso a la atención médica y el incremento del precio de los medicamentos se convierten en un “asesino silencioso”, que afecta a millones de personas.
“Especial atención requieren las personas con enfermedad mental que se ven inmersas en los conflictos armados o que son desplazados por los mismos. Estas personas sufren además traumas psicológicos derivados de la violencia que se genera en estas situaciones”, inciden los expertos en el documento. “En un estudio realizado en residentes del campo de refugiados de Nakivale, en el suroeste de Uganda, se describe una alta prevalencia de trastornos psiquiátricos. El 73% de las personas sufrían ansiedad generalizada, el 67% trastorno de estrés postraumático y el 58% un trastorno depresivo mayor”, explican.
“Especial atención requieren las personas con enfermedad mental que se ven inmersas en los conflictos armados, ya que pueden sufrir traumas psicológicos derivados de la violencia que se genera"
La SESPAS advierte de las dificultades para acceder a estudios de incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas con datos objetivos sobre el impacto que genera el conflicto. “Las consecuencias del conflicto a nivel de salud de la población, comorbilidades y muertes pueden quedar enmascaradas por las grandes cifras de pérdidas humanas directas e indirectas a corto plazo(bombardeos, lesiones graves, epidemias e infecciones, entre otras)”, explican.
Para dar cobertura sanitaria tanto a las personas que viven en los territorios donde se desarrolla el conflicto como a las poblaciones desplazadas dentro o fuera del país, “se deben descentralizar los servicios de salud y potenciar los servicios comunitarios, que permiten un acceso más equitativo a unos recursos materiales y humanos escasos”, reclaman desde la SESPAS.
“Se debería potenciar un sistema de salud integrado dirigido a la promoción, prevención y tratamiento eficaz de estas enfermedades”, a través del fortalecimiento de la atención primaria. Asimismo, “desde la salud pública se debe poner el foco en las campañas de vacunación para reducir la incidencia de tumores como el cáncer de cérvix, y en los programas para el control del consumo de tabaco con el objetivo de disminuir las enfermedades respiratorias y el cáncer de pulmón o vejiga, entre otros, que presentan una elevada incidencia en las zonas con conflictos armados”.
Por último, es necesaria “la investigación en la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas”, dada la falta de datos disponibles en la actualidad. “Es un deber de justicia de los países implicados directa o indirectamente”, ya que “las personas que mueren a consecuencia del mal control de sus enfermedades también son víctimas de la guerra, aunque no aparezcan en las estadísticas oficiales”, advierten en el documento.