La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se ha adherido al Manifiesto desarrollado por varias organizaciones, agentes sociales y sociedades científicas, entre las que se encuentra la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) donde se solicita el desarrollo de una Ley Integral del Amianto que permita evitar las muertes derivadas de la exposición a este material.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente unos 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas al amianto en su lugar de trabajo y esto provoca que anualmente mueran en el mundo 107.000 personas por cáncer de pulmón, cáncer de pleura o mesotelioma y asbestosis, y 1.523.000 años de vida ajustados por discapacidad. Además, miles de muertes pueden atribuirse a otras enfermedades relacionadas con el amianto, así como también a exposiciones a este material que no están relacionadas con el lugar de trabajo, entre las que la OMS estima unas 400 muertes.
En España está prohibida la producción del amianto (también llamado asbesto) desde el año 2002, pero no existe una regulación del asbesto ya instalado a nivel nacional. Hasta entonces fue muy utilizado en España, y aún sigue formando parte de múltiples instalaciones.
Como señala el presidente de SEOM, doctor Álvaro Rodríguez-Lescure, “por desgracia, en España no disponemos de un registro regulado de enfermedades relacionadas con el amianto y existe por tanto un infradiagnóstico importante. Además, no hay competencia nacional reguladora en España para gestionar la prevención de la exposición. Y todo esto hace necesario una ley integral que regule todo esto”.
25 millones de personas de todo el mundo están expuestas al amianto en su lugar de trabajo y esto provoca que anualmente mueran en el mundo 107.000 personas por cáncer de pulmón, cáncer de pleura o mesotelioma y asbestosis
“Con un periodo de latencia de hasta 40 años, es en la actualidad un problema sanitario prevalente de gran impacto en España y que se mantendrá las próximas décadas. Además, no es una enfermedad asociada que afecta únicamente a los antiguos trabajadores del amianto, si no que nos afecta a todos, como población general expuesta, sin saberlo, de forma ambiental. Sin embargo, es un carcinógeno desconocido en este aspecto. Concretamente el amianto tiene una relación directa con el cáncer de pulmón, el mesotelioma, el cáncer de laringe y el de ovario”.
SEOM trabaja en todos estos aspectos y para ello tiene un grupo de trabajo específico creado recientemente centrado en la prevención, la colaboración con Medicina del Trabajo, las bajas laborales y la identificación de enfermedades profesionales de naturaleza oncológica.
En España está prohibida la producción del amianto (también llamado asbesto) desde el año 2002, pero no existe una regulación del asbesto ya instalado a nivel nacional
Las consecuencias que podría tener la Ley Integral del Amianto en la salud pública serían muchas y, a continuación, se detallan algunas:
1. Regulación de medidas para la identificación de población de alto riesgo de enfermedad atribuible al asbesto (áreas calientes, trabajadores de alto riesgo…). Esto permitiría implementar medidas de seguimiento/screening, teniendo en cuenta el periodo de latencia de enfermedad.
2. Identificación de casos atribuibles al asbesto: regulación de un Registro de Notificación Obligatoria de todos casos atribuibles al asbesto como la asbestosis o el cáncer
a) Fomentar entre todos los especialistas sanitarios que intervienen en el manejo de pacientes con enfermedades del asbesto, incluidos los oncólogos, la importancia de la identificación de estas enfermedades en el registro, con implicaciones sociales/económicas para los pacientes.
b) Evitar el infradiagnóstico de casos, permitiendo el acceso al registro a todos los especialistas que intervienen en el manejo de estos pacientes (médico de atención primaria, neumólogo, oncólogo, médico del trabajo, etc.)
c) Regulación del acceso a beneficios socio-sanitarios y económicos específicos: medidas de prevención (como por ejemplo ayudas para desinstalación), u otras como ayudas económicas por enfermedad (pensiones, etc.)
d) Identificación de los casos potencialmente atribuibles al asbesto, como aquellos relacionados con la exposición en población general ambiental/residencial.
e) Por último, permitiría a corto plazo tener una imagen de la situación en España para gestionar recursos y medidas de prevención/diagnóstico por áreas de prioridad.