En el actual escenario de incertidumbre política, y sin fecha todavía para la formación del nuevo Gobierno, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) recuerda que miles de personas que afrontan una enfermedad avanzada o se encuentran en un proceso de final de vida soportan desde hace demasiado tiempo otra incertidumbre mayor: la de saber si podrán acceder a una asistencia paliativa integral que asegure su calidad de vida hasta el último momento.
Por ello, la sociedad científica insta al próximo Ejecutivo a que impulse y desarrolle de forma decidida una ley nacional que garantice una muerte digna a las 80.000 personas que fallecen cada año sin los cuidados paliativos que necesitan.
Además, solicita que la tramitación de este marco normativo se apoye ''al menos con la misma contundencia y celeridad'' con la que se respalda la regulación de la eutanasia, cuya despenalización fue defendida hace unos días por la ministra de Sanidad en funciones ''con un sí rotundo''. Como señaló María Luisa Carcedo en su argumentación, ''la muerte es parte de la vida y, de la misma manera que tenemos leyes que amparan vivir de una manera digna, también debemos tener leyes que amparen una forma de morir más humana''.
La sociedad científica insta al próximo Ejecutivo a que impulse y desarrolle de forma decidida una ley nacional que garantice una muerte digna
Este es, precisamente, el objetivo que guía desde siempre el trabajo de Secpal y la labor cotidiana que desarrollan los profesionales paliativistas junto a los pacientes y sus familias. Pero es también la consideración que confirma ''la urgencia de apostar por una Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida'' que asegure que todas las personas con enfermedad avanzada y sus seres queridos reciban la atención que necesitan, independientemente del lugar donde vivan.
''En nuestro país existe una gran variabilidad en la organización y la prestación de cuidados paliativos específicos que marca el acceso de los pacientes a esta asistencia. Y esto no solo ocurre entre unas CCAA y otras, sino también dentro de las mismas comunidades y de las mismas provincias, porque también se observan importantes diferencias dependiendo de si la persona vive en la ciudad o en el medio rural'', recuerda el doctor Rafael Mota, presidente de Secpal.
Esta inequidad, que condiciona la atención que reciben las personas con enfermedad avanzada o en proceso de final de vida, agrava su sufrimiento y el de sus familias, por lo que es preciso desarrollar una ley consensuada que construya ''un modelo asistencial equitativo y homogéneo en todo el territorio'' y garantice ''que todos los pacientes reciben los cuidados multidisciplinares y de calidad que necesitan desde el sistema público de salud y en coordinación con Atención Primaria, los servicios hospitalarios y los centros residenciales y de media y larga estancia''.
''En nuestro país existe una gran variabilidad en la organización y la prestación de cuidados paliativos específicos que marca el acceso de los pacientes a esta asistencia''
Esta ley, también llamada ''de Muerte Digna'', y cuya tramitación quedó en suspenso al disolverse las Cortes, debe aprobarse ''con dotación presupuestaria suficiente y con instrumentos que aseguren su cumplimiento'' para que sea verdaderamente efectiva y responda realmente a las necesidades a las que se enfrentan cada año miles de personas en España, teniendo en cuenta que se trata de una prestación ''que vamos a necesitar la mayoría de nosotros'', explica el doctor Mota.
Además, el presidente de Secpal considera fundamental que la norma contemple el desarrollo de un sistema específico de formación y acreditación profesional en Cuidados Paliativos para médicos, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales, ya sea mediante una especialidad o un Área de Capacitación Específica (ACE). Solo así, subraya, ''quienes trabajan en este ámbito podrán ver reconocida su labor y se garantizará que las plazas de los recursos específicos de cuidados paliativos sean ocupadas por los perfiles más idóneos, asegurando los máximos estándares de calidad en la atención que reciben los pacientes en situación de mayor fragilidad''.