El Ministerio de Sanidad ha dado una respuesta oficial a la carta enviada desde la Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis (OAFI) al titular del Ministerio, Salvador Illa, en relación a la desfinanciación de los fármacos de acción lenta para el tratamiento de la artrosis, conocidos como SYSADOA.
En una misiva remitida desde la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia (en adelante, DGCCSyF), el departamento que dirige Patricia Lacruz asegura que, en la actualidad, "los expedientes están cerrados y resuelto el procedimiento de desfinanciación de los SYSADOA".
Según apuntan desde Sanidad, "las resoluciones de exclusión de la financiación son firmadas el día 20 de julio de 2020". Cuatro días después, el 24 de julio, "se le comunican a OAFI por burofax las resoluciones definitivas fechadas el día 20 de julio de 2020". "El 27 de julio de 2020 se recibe por registro electrónico informe de alegaciones de OAFI, tras la visita que realizaron a los expedientes el 14 de febrero. En la fecha presentada y tras más de 5 meses de la fecha de la vista por parte de OAFI, no pueden tenerse en cuenta porque los expedientes están cerrados y está resuelto el procedimiento", sostienen.
La fundación se ha visto obligada a interponer un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Sanidad, "solicitando que se revoquen las decisiones adoptadas de forma tan irregular como insensible por parte de la DGCCSyF de dicho ministerio"
Desde OAFI lamentan que el Ministerio de Sanidad "ha adoptado una decisión trascendental, que afecta gravemente a la calidad de vida de la población de pacientes más vulnerable, sin querer oír previamente a la principal asociación que los representa, negándose a admitir nuestras alegaciones pese a haber sido presentadas dentro del plazo legalmente permitido para ello, y situando así en una posición de indefensión manifiesta a este colectivo de pacientes".
Ante esta situación, "indigna de un Estado que se dice Social y de Derecho", la fundación se ha visto obligada a interponer un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Sanidad, "solicitando que se revoquen las decisiones adoptadas de forma tan irregular como insensible por parte de la DGCCSyF de dicho ministerio".
Es importante señalar que, junto con dicho recurso, se solicitaba asimismo a la Secretaría de Estado de Sanidad que se dejase en suspensión cautelar la decisión de excluir estos fármacos de la prestación pública, "a fin de no infligir perjuicios totalmente innecesarios a los pacientes, hasta el momento que se pronuncie dicha Secretaría de Estado de Sanidad, o en caso de ser necesario, los tribunales de Justicia". Por todo ello, la desfinanciación es más que probable que no llegue a término.
EL ARGUMENTO DE SANIDAD, CARENTE DE VALIDEZ EN ESPAÑA
El departamento que dirige Lacruz escuda su medida en base a la aplicación del artículo 93.2 c) del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, donde se expone que "la motivación de la exclusión responde a la consideración del medicamento como susceptible de publicitarse, directamente al público, en la Unión Europea".
El argumento que busca parapetar la decisión del Ministerio de Sanidad no es cierto ni aplicable en nuestro país, ya que la propia legislación explica que no se puede publicitar ningún medicamento que necesite prescripción médica
El argumento que busca parapetar la decisión del Ministerio de Sanidad no es cierto ni aplicable en nuestro país, ya que la propia legislación explica que no se puede publicitar ningún medicamento que necesite prescripción médica, tanto en los casos que esté financiado como en los que no. Por su características, este grupo de medicamentos sí precisan receta de un facultativo y, cualquier cambio normativo en este ámbito, tendría que pasar un análisis de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
Con esta desfinanciación, que suscita el rechazo de pacientes, sociedades científicas y profesionales sanitarios, más de un millón setecientas mil personas se verán afectadas en España y no tendrán otra alternativa terapéutica que ofrezca seguridad y eficacia avalada por una extensa literatura científica, que el propio Ministerio de Sanidad se ha servido de ella.