La violencia en la infancia y adolescencia afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida. Estrés postraumático, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, traumatismos, daños en el sistema nervioso, trastornos gastrointestinales o trastornos ginecológicos son algunos de los efectos que la violencia tiene en los menores.
Sin embargo, se puede prevenir o atenuar a través de la valoración periódica de factores de riesgo y factores protectores asociados a la violencia en la infancia y adolescencia a través de la valoración psicosocial de todos los niños, niñas y adolescentes, según indica el Ministerio de Sanidad.
En el ámbito sanitario, el comportamiento del niño o los progenitores pueden ser alarmas para detectar si el médico se encuentra ante un caso de violencia infantil. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que algunos casos pasen desapercibidos. Por ello, los protocolos y las guías de detección ayudan a que no se queden sin detectar ningún caso.
El Protocolo está dirigido a profesionales del ámbito sanitario, además de a todas aquellas personas con responsabilidad en la gestión y la planificación de políticas y recursos sanitarios
En este sentido, la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA) ha elaborado el Protocolo común de actuación sanitaria frente a esta situación. El objetivo del protocolo es homogeneizar la respuesta del ámbito sanitario a nivel nacional y sistematizar la promoción del buen trato, la prevención, la detección y el abordaje integral de todos los casos y tipos de violencia sobre la infancia y adolescencia desde una perspectiva de equidad, accesibilidad, no discriminación y curso de vida.
Así, está dirigido a profesionales del ámbito sanitario, tanto asistenciales como no asistenciales, además de a todas aquellas personas con responsabilidad en la gestión y la planificación de políticas y recursos sanitarios. El documento se ha basado en los protocolos autonómicos que estaban ya presentes en las comunidades autónomas y en la revisión de la bibliografía más reciente.
En España, el Registro Unificado de Maltrato Infantil recibió 21.521 notificaciones de casos sospechosos de violencia en menores solo en 2021. Sin embargo, como ocurre a nivel internacional, diversos estudios de prevalencia muestran que está infranotificado. La lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia es un imperativo de derechos humanos y constituye una cuestión de salud pública.
Por ello, en 2021 se aprobó la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). La norma persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección de la violencia a través de una aproximación integral desde la perspectiva de los derechos de los niños y adolescentes, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud.
El Registro Unificado de Maltrato Infantil recibió 21.521 notificaciones de casos sospechosos de violencia en menores solo en 2021
En el ámbito sanitario, esta ley promovió la creación de la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA). En ella participan las comunidades y ciudades autónomas, además de otros ministerios como los de Justicia, Juventud e Infancia e Igualdad.
El protocolo fue elaborado bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades y ciudades autónomas y otras administraciones públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Además, ha sido revisado por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.