La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha publicado su ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en la salud mental, 2021’, que por séptimo año consecutivo y con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, expone las vulneraciones de los derechos de las personas con problemas de salud mental, recogidas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, con la colaboración de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación.
En este caso, el informe pone el foco en la salud mental de la población infantil y adolescente, que tradicionalmente no se les ha prestado mucho interés.
Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación, advierte que esta situación no apareció con la pandemia, ya que anteriormente los jóvenes ya se veían afectados por problemas de salud mental, pero no fue hasta la llegada de la Covid-19 cuando se les ha dado importancia necesaria.
“La privación del movimiento y la estimulación sensorial necesaria, unido en muchos casos a las pérdidas de algún o algunos familiares, el miedo y la incertidumbre, han tenido un efecto adverso en la salud mental de este sector de la población”
CIBERACOSO
Uno de los puntos que destacan en el informe, se trata del acoso escolar digital a través de las redes sociales. Pablo Duchement, ingeniero informático y perito judicial experto en delitos en redes sociales perpetrados por y contra menores, expone en el documento su preocupación sobre el desconocimiento de las familias y del profesorado sobre el ámbito digital.
El informe también apunta que la Fiscalía General del Estado, en su Memoria de 2021 (Ejercicio 2020), señaló el incremento del ciberacoso en el periodo de confinamiento, y destacó el riesgo en “la utilización masiva por niños, niñas y adolescentes de estas las redes sociales para todo tipo de comunicaciones y las limitaciones que les son propias”. Una situación que según la Fiscalía, “ha ido agravándose con el paso de los años, a medida que las tecnologías han ido capilarizando las relaciones personales y sociales, y ha encontrado en las medidas de confinamiento derivadas de la infección por COVID-19 un perverso entorno facilitador”.
“El sistema chirría por muchos costados, en el ámbito de la atención emocional y de los problemas de salud mental de los niños y las niñas. Ahora más que nunca estos esquemas se han revelado inservibles, por lo que tenemos que empezar a pensar y a actuar desde otro lugar, con conciencia y poniendo los derechos humanos en el centro”, apunta Irene Muñoz.
Por ello, desde SALUD MENTAL ESPAÑA, urgen a las instituciones y Administraciones públicas la creación de programas de formación preceptiva para los docentes sobre los métodos para prevenir este tipo de acoso escolar.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Habitualmente, las mujeres presentan más demandas de información que los hombres. En esta ocasión, el 66,7% de las consultas fue efectuado por mujeres, frente al 33,3%, por hombres. Por esta razón, el informe recoge la ausencia de perspectiva de género como otra de las carencias.
“La falta de una perspectiva de género es la que permite, por ejemplo, ubicar en la misma planta de un hospital a los neonatos y a las mujeres a las que han extirpado el útero, sin tener en cuenta el impacto emocional que puede tener el llanto de los bebés en una mujer que ya no podrá tenerlos, si ese pudiera haber sido su deseo”, explicaIrene Muñoz.
Además, el informe apunta que se ha duplicado el consumo de tranquilizantes en mujeres y en cuanto a los antidepresivos, consumen cinco veces más que los hombres. SALUD MENTAL ESPAÑA insiste en un cambio de modelo, más cooperativo y basado la creación de redes que parta de las instituciones y las Administraciones públicas, “que son las que tienen la obligación de suministrar esos servicios básicos y garantizar los derechos humanos”.
REFORMA CAPACIDAD JURÍDICA
Por último, el informe recoge, de manera positiva, la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, “aunque hay cosas que trabajar”, puntualiza Muñoz.
Señalan que el objetivo de esta reforma legislativa es la adaptación del ordenamiento jurídico español a lo dispuesto por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en consonancia con su artículo 12 que proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados a adoptar las medidas de apoyo para impedir abusos.
Desde la asesora jurídica apuntan que “la norma contempla una red de figuras de apoyo, pero es necesario ampliarla, que sea más flexible, para que se adapte a las necesidades de la persona en cada circunstancia. También es imprescindible crear redes de apoyo entre pares y promover esta figura”.
Si puedo salir a la calle, pero no tengo una sombra donde sentarme a charlar con una amiga, o si tengo mis derechos reconocidos, pero luego me encuentro con un ambiente hostil y violento, ¿de qué me sirven esos derechos? Es necesario un cambio de modelo, más respetuoso con el entorno, porque el futuro del planeta también afecta a nuestra salud mental”, concluye Nel González Zapico, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.