El abordaje de la salud mental sigue siendo un gran reto para el Sistema Nacional de Salud. Además de una asistencia de calidad, las organizaciones de pacientes reclaman mayor implicación del paciente en el proceso de diagnóstico y tratamiento. En este sentido, la Confederación Salud Mental España ha presentado el informe ‘Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental’, elaborado junto con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, en un acto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Fundación ONCE.
El informe analiza la legislación vigente en España sobre atención sociosanitaria a la salud mental. A través de los datos obtenidos, este documento ha confirmado que existen prácticas, como ingresos y tratamientos involuntarios, que no contribuyen con los derechos humanos “y violan los preceptos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas”. España la firmó en 2008 con carácter vinculante para todos los estados firmantes.
En este sentido, el informe lucha por acabar con los automatismos del tratamiento y el abordaje de la salud mental. Acabar con estas acciones contribuye a que los pacientes puedan decidir su tratamiento dentro del entorno sanitario, así como a disponer de los cauces oportunos para una correcta atención y cuidado.
"Los tratamientos y los ingresos involuntarios en salud mental atentan contra los derechos humanos y no deben tener cabida en el ordenamiento jurídico español salvo en las situaciones de urgencia vital que se definen en el estudio que publicamos hoy"
Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, explica que “los tratamientos y los ingresos involuntarios en salud mental atentan contra los derechos humanos y no deben tener cabida en el ordenamiento jurídico español salvo en las situaciones de urgencia vital que se definen en el estudio que publicamos hoy. En estos momentos, existe un desfase entre lo que marca la Ley y lo que sucede en los hospitales, áreas de Psiquiatría, urgencias hospitalarias y residencias”.
En línea con la firma del convenio, el documento presenta una serie de medidas que pueden ponerse en práctica hasta que España adopte por completo el ordenamiento jurídico a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“No hay conciencia de la carga vulneratoria de los tratamientos y los ingresos involuntarios. Están tan interiorizados a nivel social y forman parte de tal manera del imaginario colectivo, que no existe escrúpulo de que se esté haciendo algo mal"
La jornada fue presentada por José Luis Sastre, periodista de la Cadena Ser, que calificó de “infamia colectiva” los ingresos y tratamientos involuntarios en pacientes de salud mental. “No hay conciencia de la carga vulneratoria de los tratamientos y los ingresos involuntarios. Están tan interiorizados a nivel social y forman parte de tal manera del imaginario colectivo, que no existe escrúpulo de que se esté haciendo algo mal", explica Sastre.
"Siempre se invocan acciones buenistas; que se hacen por el bien de la persona y eso ya nos evita otro tipo de preguntas claves sobre su voluntad, preferencias, dignidad”, denunció el presidente de CERMI. Gracias a este informe “estamos asistiendo a un prolegómeno que será historia en unos años”.
Con el discurso de Cayo coincidió José Luis Martínez Donoso, que señaló esta fecha “como un antes y un después para los ingresos involuntarios de la salud mental”. Reconoció que la discriminación, la marginación y la exclusión que sufren las personas con discapacidad “se intensifica en salud mental donde el estigma y la falta de comprensión pueden ser aún mayores”.
Jesús Martín Blanco insistió que “los derechos humanos son incómodos y generan resistencias. Las tuvimos con el derecho al voto y las esterilizaciones forzosas” e hizo un llamamiento a “tener clara la meta que persigue nuestra inclusión y esta no admite aplazamientos ni debe permitir equidistancias”.
ALTA PARTICIPACIÓN EN EL ANÁLISIS DEL INFORME
En el análisis del contenido del informe intervinieron algunos de los participantes en su elaboración: Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de SALUD MENTAL ESPAÑA, Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho e investigador del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, y María del Carmen Barranco, catedrática de Filosofía del Derecho y directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid.
Muñoz Escandell destacó la necesidad de hacer “un cambio de estructuras y de mentalidad”, solución que aborda este informe como “una guía para que podamos transformar el mundo, cambiar nuestras gafas”. “No podemos asumir las contenciones como tratamientos” “y tenemos que creernos que el cambio es posible”, destacó la asesora jurídica.
“Sin embargo, el punto de partida tiene que ser el de los derechos y que ese enfoque de derechos te obligue a poner a la persona en el centro”
Rafael de Asís afirmó que, en España, “se ha avanzado en derechos de personas con discapacidad, pero este tema de los ingresos y tratamientos involuntarios no se ha tocado nunca” y recordó la “tensión” que puede surgir entre el mundo de la salud y el de los derechos para poner en marcha estas prácticas amparadas por los sanitarios. “Sin embargo, el punto de partida tiene que ser el de los derechos y que ese enfoque de derechos te obligue a poner a la persona en el centro”, insistió el catedrático.
Según Asís, “ahora se prioriza la organización sanitaria y su buen funcionamiento. La necesidad de cambiar esa mirada y establecer procedimientos que no permitan la violación de los derechos es fundamental”.
María del Carmen Barranco visibilizó la discapacidad psicosocial, “que se queda siempre rezagada en cuanto a consecución de derechos”. Asimismo, la catedrática denunció la “lamentable” situación, no solo en España, también en el resto de Europa, sobre las medidas coercitivas. “Estamos ante situaciones en las que se usa la fuerza para doblegar la voluntad de las personas”, explicó la catedrática, que recriminó que “las coerciones no buscan estabilizar o mejorar la salud”.
UN CORTO SOBRE HISTORIAS DE VIDA
Los participantes pudieron visionar el documental ‘Momo: el vuelo de la nube’, un corto de media hora de la directora y guionista Tati Finchi sobre historias de vida, convivencia con un trastorno mental y el paso por unidades psiquiátricas de Mercè Torrentallé, presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya, y Contxi García de Marina, socia de la Associació Salut Mental Pallars. Con estos testimonios, la obra también deja al descubierto las carencias de la atención sociosanitaria en salud mental.
Estos testimonios reflejan el “trato vejatorio y salvaje” que reciben los pacientes de salud mental en algunos lugares donde se supone que van a que les cuiden y a curarse.
Para Mercé Torrentallé, hay que hacer un ejercicio de visibilización, pero también de sensibilización e información a la sociedad, porque “en el imaginario colectivo, la imagen de una persona atada es la de un hombre fuerte y violento; y eso no es verdad. Yo estaba volando y no quería bajar y me ataron por eso y me tuvieron dos días atada”.
"Estás en la cama, con pañales; si eres mujer, muchas veces te viene la menstruación. No puedes pedir ayuda porque estás atada y no llegas al timbre"
Asimismo, explicó que la contención física va acompañada de la química, que tiene como consecuencia que “te laxan. Estás en la cama, con pañales, si eres mujer, muchas veces te viene la menstruación. No puedes pedir ayuda porque estás atada y no llegas al timbre”. Mercè aprovechó el foro para denunciar que también se practican contenciones a menores, “a niños de 12 o 13 años, y muchas veces no están acompañados por sus padres o madres”.
Contxi García de Marina subraya las palabras de su compañera y relata cómo a ella le practicaron contenciones por “chorradas”. La primera vez “estaba en la sala de fumadores, fumando y haciendo crucigramas. Me puse nerviosa porque no me salían y tiré la revista al suelo. Un enfermero llamó a otros tres que me metieron en una habitación, me ataron y me tuvieron dos días atada”.
Francisco Rubio calificó, en tono sarcástico, a este sistema terapéutico como “bello” y denunció que “no son incidencias, sino prácticas habituales en todo el territorio español, tanto en psiquiátricos como en geriátricos. Por eso me hice activista, para denunciar esta situación”.
A estas reflexiones les siguió la tercera y última mesa de la jornada, en la que relataron su experiencia con la salud mental, y dejaron constancia de la atención sociosanitaria
Para estas tres personas, la sobremedicación es otro de los abusos que sufren cuando están ingresadas, con el objetivo de “mantenernos como corderitos”, concluye Contxi. A estas reflexiones les siguió la tercera y última mesa de la jornada, en la que relataron su experiencia con la salud mental, y dejaron constancia de la atención sociosanitaria y las vulneraciones de derechos sufridas.
Para terminar, González Zapico recordó que las contenciones mecánicas están consideradas como un acto de tortura por las Naciones Unidas. Es una deshumanización de la persona. Sin embargo, se siguen practicando. “Desde SALUD MENTAL ESPAÑA abogamos por un modelo de atención integral psicosocial que tenga entre sus elementos clave: la creación de equipos multidisciplinares, la inclusión de grupos de pares, el Proyecto de Vida o Plan Personal de Futuro, el Plan de Asistencia Integrado, el Documento de Instrucciones Previas o la designación de personas de confianza. Reclamamos más terapias que fomenten el diálogo y espacios seguros”.