“Para el año 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”. Esta es la meta 3.7 contemplada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas para el año 2030.
La planificación familiar y la atención integral del aborto son dos elementos clave a la hora de garantizar la atención primaria de la salud. La disponibilidad de estos servicios es una de las piedras angulares para alcanzar la cobertura sanitaria universal. A pesar de esto, millones de personas en todo el mundo carecen de acceso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de que en 2019 la cifra de mujeres en edad reproductiva con las necesidades de planificación familiar satisfechas con métodos modernos era del 75,7%. Una fotografía desigual según la parte del mundo que observemos ya que en África central y occidental apenas se alcanzaba el 50%.
“Garantizar que todas las personas tengan acceso a sus métodos anticonceptivos preferidos refuerza varios derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y a la libertad; la libertad de opinión y expresión, y el derecho al trabajo y a la educación, además de reportar importantes beneficios para la salud y de otros tipos”, declara la OMS.
En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2019 la prevalencia del uso de anticonceptivos modernos en mujeres en edad reproductiva y casadas se incrementó en 2,1 puntos porcentuales pasando del 55 al 57,1%. Un lento ascenso marcado por el acceso limitado a servicios de planificación familiar, temor a las reacciones adversas, oposición por razones culturales o religiosas o la mala calidad de los servicios disponibles, entre otros factores.
“Tenemos las herramientas, el conocimiento y los recursos para terminar con las muertes maternas prevenibles. Lo que necesitamos ahora es la voluntad política”
La salud de la mujer se enfrenta a una doble problemática a nivel global. Por un lado debe mejorarse la planificación familiar y la atención integral al aborto y, por el otro, deben adoptarse medidas urgentes para abordar la mortalidad materna. La OMS ha informado recientemente que en el año 2020 se registró un aumento estimado de 287.000 muertes maternas. A pesar de que se han producido algunos avances en la reducción de la mortalidad materna entre el 2000 y el 2015, estos logros se han estancado y, en algunos casos, incluso se han revertido.
En las regiones de la ONU de Europa y América del Norte la tasa de mortalidad materna se incrementó entre 2016 y 2020 un 17%. En el caso de las regiones de América Latina y el Caribe un 15%. En cifras totales, las muertes maternas continúan concentrándose en gran medida en las partes más pobres del mundo y en los países afectados por conflictos. En 2020, alrededor del 70% de todas las muertes maternas se produjeron en el África subsahariana.
El informe de la OMS incide en la falta de acceso a servicios de salud materna de calidad. Así lo demuestra el hecho de que hasta un tercio de las mujeres no se somete ni siquiera a cuatro de los ocho controles prenatales recomendados ni reciben atención posnatal especializada. En el caso de los servicios de planificación familiar más de 270 millones de mujeres carecen de acceso a métodos modernos.
La doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, organismo de la ONU encargado de la salud sexual y reproductiva, insta “invertir urgentemente en planificación familiar”. En este sentido critica la escasez global de parteras que cifra en un déficit de 900.000: cantidad mínima que sería necesaria para que cada mujer pueda recibir la atención vital que necesita. “Tenemos las herramientas, el conocimiento y los recursos para terminar con las muertes maternas prevenibles. Lo que necesitamos ahora es la voluntad política”.
Las conclusiones del informe son claras: si no se aceleran de forma significativa los progresos para cumplir con los ODS se arriesgará la vida de más de un millón de mujeres para el año 2030.