Reino Unido vive estos días el que ya es calificado como el “mayor escándalo de la historia de la salud pública del país”. Tras una investigación que ha durado más de 5 años, se ha dado a conocer que las autoridades británicas encubrieron deliberadamente entre los años 1970 y 1991 un escándalo relacionado con las transfusiones de sangre que provocó que más de 30.000 personas contrajeran VIH y hepatitis, de las cuales unas 3.000 han fallecido.
El grupo de trabajo de la conocida como Investigación de Sangre Infectada sostiene que las autoridades británicas, entre ellas personal médico y el Gobierno, eran conscientes de que está situación se venía dando desde los orígenes del Servicio Nacional de Salud (NHS) en 1948. A pesar de ello, fallaron a las víctimas "en repetidas ocasiones" y fueron expuestas a "riesgos inaceptables". Según recoge la BBC, el responsable de la investigación, sir Brian Langstaff, ha calificado de "horripilante" la magnitud de estas conclusiones y que existió una deliberada intención de "ocultar la verdad".
Entre los riesgos a los que fueron expuestas estas miles de personas, destaca la repetida importación de productos sanguíneos del extranjero, incluida sangre de donantes estadounidenses y británicos de alto riesgo, como presos y drogadictos a los que se pagaba por transfusión.
La mayoría de las infecciones contraídas a través de sangre contaminada "se habrían evitado si la seguridad del paciente hubiera sido primordial en todo momento"
"Este desastre no fue un accidente. Las infecciones se produjeron porque las autoridades -médicos, centros de transfusión y los sucesivos gobiernos- no dieron prioridad a la seguridad de los pacientes", ha denunciado Langstaff, lamentando que esta negligencia haya destruido la vida de miles de personas.
La investigación destaca que dos fueron los grupos que se vieron afectados en gran medida, el de personas con hemofilia y trastornos en los que la sangre no coagula como debería -para las que se utilizó sangre contaminada, principalmente con hepatitis C- y el de aquellas que recibieron transfusiones después del parto, accidentes y durante tratamientos médicos.
Ya en julio de 2022 y abril de 2023, la investigación publicó dos informes provisionales en los que se recomendaba al Gobierno británico indemnizar a los afectados. Una demanda que aceptó iniciando pagos de hasta 100.000 libras a unos 4.000 supervivientes y sus familiares, si bien se espera que las compensaciones alcancen los miles de millones de euros.