La sanidad está convirtiéndose en un asunto recurrente en la oficina del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien en este pasado año 2022 ha visto cómo se le acumulaban las demandas relacionadas con reclamaciones sanitarias. No en vano, el Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos a través de la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. De este modo, la sanidad es un derecho esencial para las personas y velar por ella es un objetivo de primer orden en cualquier sociedad avanzada. Ya en el año 2021, la institución recibió 2.321 quejas por incidencias sanitarias, 8,2% del total de todas las reclamaciones. Ahora están por ver los datos del pasado año 2022.
El pasado mes de abril tras una reunión mantenida con la plataforma 'Salvemos la Atención Primaria' -agrupación compuesta por 115 organizaciones sindicales, profesionales y sociales- el Defensor del Pueblo dio el paso de remitir un escrito en el que señalaba que estaba "analizando la mejor manera de abordar una investigación general sobre el funcionamiento de la Atención Primaria, que permita detectar de la forma más acertada los problemas existentes y las soluciones que las Administraciones deberían adoptar". Posteriormente, a finales del pasado agosto, en la misma línea, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) también solicitó al Defensor del Pueblo que llevara a cabo una investigación con “la mayor celeridad posible” en relación con funcionamiento de la Atención Primaria.
El pasado 22 de diciembre se hizo público que Ángel Gabilondo iba a abrir una actuación de oficio en todas las comunidades autónomas con el fin de solicitar a las regiones la adopción urgente de medidas para abordar las carencias existentes en la Atención Primaria, circunstancia que dificulta el acceso de los ciudadanos a un servicio sanitario fundamental
Fruto de ello, el pasado 22 de diciembre se hizo público que Ángel Gabilondo iba a abrir una actuación de oficio en todas las comunidades autónomas con el fin de solicitar a las regiones la adopción urgente de medidas para abordar las carencias existentes en la Atención Primaria, circunstancia que dificulta el acceso de los ciudadanos a un servicio sanitario fundamental. De este modo, el Defensor del Pueblo hizo un llamamiento a las administraciones autonómicas para que asuman las reformas necesarias para ofrecer un sistema público sanitario más fuerte, pues como señaló y reza el derecho recogido en el artículo 43 de la Constitución Española: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.
Por su parte, el 25 de diciembre fue la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) quien hacía público a través de una publicación que, tras su previa reclamación al Defensor del Pueblo por el “incumplimiento sistemático” por parte del Gobierno de los abonos de las indemnizaciones a todos los afectados por talidomida, el Alto Comisionado había solicitado al actual ejecutivo nacional que le remita el expediente completo de todos los trámites iniciados para reconocer oficialmente a los afectados por esta enfermedad, así como la información de las partidas contempladas en los diferentes presupuestos que hasta la fecha no han sido ejecutadas.
Ángel Gabilondo, tomó parte en el asunto de estas compensaciones a los afectados de talidomida que han sido reconocidas y ejecutadas sin dilación en la mayoría de los países, pero no así en España, donde muchas de las víctimas continúan esperando e incluso mueren en el impás de recibir estas ayudas
De este modo, Ángel Gabilondo tomó parte en el asunto de estas compensaciones a los afectados de talidomida que han sido reconocidas y ejecutadas sin dilación en la mayoría de los países, pero no así en España, donde muchas de las víctimas continúan esperando e incluso mueren en el impás de recibir estas ayudas. “Nadie quiere saber nada de nosotros. La gente se sigue muriendo. Ellos saben del dinero que hace falta. ¿Por qué no dotan la partida? No sabemos por qué. No lo entendemos”, denunciaba recientemente a ConSalud.es el presidente de AVITE, José Riquelme.
A esta línea de reclamaciones sanitarias al Defensor del Pueblo, el Sindicato de Enfermería (Satse) reclamaba también este pasado miércoles, 28 de diciembre, que el Alto Comisionado actuará de intermediador para lograr incluir a las enfermeras entre los profesionales del Grupo A. Una demanda que, si bien hicieron pública el Día de Los Santos Inocentes, para este colectivo sanitario no resulta ninguna broma. No en vano, el sindicato alerta de la "grave discriminación" que vienen padeciendo en la actualidad las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, al pertenecer al subgrupo A2. De este modo, en escrito dirigido al Defensor del Pueblo, Satse remarca "todos los argumentos" que justifican la "urgente necesidad" de que el Gobierno modifique el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
"Hay que resolver una realidad conflictiva y anacrónica que está viciada desde su origen y poner fin a una discriminación en el subgrupo A2 que les impide su desarrollo profesional por un sistema de clasificación obsoleto"
El Sindicato de Enfermería focaliza la discriminación de este grupo de profesionales en dos vertientes; por un lado, “se está discriminando a formaciones universitarias que siendo Grado, al igual que otras, tienen un diferente encuadramiento profesional” y, por el otro, “mayoritariamente el Grado de Enfermería y el de Fisioterapia son colectivos femeninos, a los que sigue sin permitírseles en las mismas condiciones desarrollar y acceder con total igualdad a un verdadero desarrollo profesional", han señalado desde la organización sindical. Así, concluye Satse, "hay que resolver una realidad conflictiva y anacrónica que está viciada desde su origen y poner fin a una discriminación en el subgrupo A2 que les impide su desarrollo profesional por un sistema de clasificación obsoleto". Por el momento, continúan a la espera de la respuesta del Alto Comisionado.
SALUD MENTAL, LA GRAN OLVIDADA
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha tomó partido pasado año por una problemática que afecta de forma significativa a gran parte de la sociedad y que, sin embargo, no suele estar en el foco de las preocupaciones sanitarias de las administraciones públicas; los problemas de salud mental. No en vano, Gabilondo ha indicado recientemente que "hay que atender el lamento de una sociedad que demanda una salud mental urgente y prioritaria". El Alto Comisionado a remarcado la importancia de abordar este "gran desafío social”, que tratándose de una ‘epidemia' que afecta a la población en su conjunto, considera que el camino para afrontarla pasa por “la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad”.
En esta línea, el Defensor del Pueblo solicitó el pasado mes de junio información a las diferentes mutuas de funcionarios en relación con la demora "de meses" que se vienen produciendo por parte de las entidades aseguradoras, contratadas por estas mutuas, a la hora de ofrecer asistencia a los pacientes en el ámbito de la salud mental. De este modo, Ángel Gabilondo, trasladó estas demandas a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Por su parte, desde el sindicato, reiteraron la necesidad de una mayor financiación y de facilitar la posibilidad de que sus mutualistas puedan cambiar a otra entidad aseguradora o al propio Sistema Nacional de Salud con más flexibilidad -varias veces al año-.