Tres millones de toneladas de amianto instalado en España. Esa es la escalofriante cifra de un grave problema de salud pública, que se complica con los años debido a la obsolescencia de los materiales. “En las famosas cubiertas de uralita, por ejemplo, mientras los materiales están compactos (amianto y cemento), no hay riesgo, el problema viene con el desgaste por el paso del tiempo”, explica José Rodríguez Valdés, experto de amianto de CC.OO.
Además, está el riesgo que supone cualquier avería o intervención en instalaciones con amianto, tanto para los trabajadores como para la población.
Para su control, desde 2006 hay un decreto que regula los trabajos con amianto instalado. De este modo, “cuando hay que hacer una operación de mantenimiento, se realiza con las condiciones de seguridad necesarias para que no implique daños para los trabajadores o terceros”, explica este experto.
En otros países como Polonia ya se ha adoptado una norma interna para desamiantar el país, empezando por las estructuras públicas, en un plazo que no supere 2030
Ante este problema de salud pública, el Parlamento de la UE aprobó en 2014 una resolución en la que se recogían tres puntos fundamentales: la protección de los trabajadores que han estado en contacto con el amianto, el establecimiento de un censo de amianto y la puesta en marcha de herramientas para que se elimine antes de 2030, entre ellas la financiación de operaciones de desamiantado. Pese a esta resolución, que se aprobó en febrero de 2014 y se trasladó a la Comisión, todavía la Unión Europea no ha hecho nada al respecto. “La resolución del Parlamento entró al cajón de la Comisión y ahí sigue. Lo razonable sería convertir dicha resolución en una directiva o un elemento normativo de la UE que permitiera que luego se traspusiera a los ordenamientos de los distintos países”, apunta Rodríguez Valdés.
Mientras tanto, en otros países europeos, en concreto Polonia, “ya han adoptado una norma interna para desamiantar el país empezando por las estructuras públicas en un plazo que no supere 2030”, señala. Y, en Italia, están desarrollando actividades para censar y quitar el amianto instalado.
¿Cuál es la situación actual en España? Según este experto, hay algunas iniciativas, es el caso de Andalucía. Por ejemplo, “hay una norma con un presupuesto aprobado para retirar el amianto paulatinamente de las instalaciones escolares. Pero que yo sepa es el único amparado por una norma”, apunta Rodríguez Valdés.
UN PROBLEMA CON CARÁCTER NACIONAL
La falta de planes con carácter nacional de desamiantado, unido a la situación que siguen viviendo miles de afectados en España, víctimas de esta exposición, situán esta problemática lejos de una efectiva solución. Así, los trabajadores afectados por el amianto y sus familiares siguen siendo noticia en la actualidad. Por ejemplo, este mismo miércoles conocíamos que la Fiscalía citaba a empleados del Metro de Madrid enfermos por amianto y a los familiares de los fallecidos.
La falta de planes con carácter nacional de desamiantado, unido a la situación que siguen viviendo miles de afectados en España, víctimas de esta exposición, situán esta problemática lejos de una efectiva solución
A estos trabajadores, se suman otros en las distintas comunidades autónomas. Es el caso también de los afectados de amianto en Cartagena (Apena) que conocían esta semana que el fiscal veía indicios de delito por la exposición de obreros de amianto, tras la denuncia de estos a la compañía Repsol.
También en País Vasco, con concentraciones para reclamar compensaciones; en Galicia, donde se ha producido un primer preacuerdo sobre las vías de financiación para los afectados, etcétera.
En definitiva, son muchos los frentes abiertos en nuestro país por dar un reconocimiento a los trabajadores y familiares que llevan sufriendo las consecuencias de la exposición al amianto.