La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se ha reunido esta semana con representantes de asociaciones y organizaciones de los colectivos hasta ahora afectados para acceder a al empleo público por su diagnóstico médico y que, tras el acuerdo aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, podrán acceder en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.
Al encuentro han asistido el responsable de Trabajando en Positivo, Julio Gómez Caballero; Santiago Alfonso Zamora y Antonio Manfredi Díaz, de Acción Psoriasis; Ramón Espacio Casanovas y Antonio Poveda, de Cesida; Alejandra Fernández Barrena y Begoña Agüero Oláiz; de FACE; Andoni Lorenzo Garmendia y Mercedes Maderuelo, de FEDE, y, Sara Collado, de Felgtb.
La discriminación en el acceso al empleo público afectaba a los diagnosticados de VIH, celiaquía, diabetes y psoriasis.
El acuerdo aprobado el pasado viernes actualiza el catálogo de las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público, que todavía operaba en determinados ámbitos, como los referidos a las fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos de vigilancia aduanera y los de instituciones penitenciarias.
Foto de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, junto a los distintos representantes de los colectivos afectados por el cambio en los cuadros médicos de exclusión.
ASÍ ES EL ACUERDO
La medida elimina el VIH, la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis de las causas genéricas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público y, en consecuencia, promueve la modificación por los departamentos ministeriales competentes de aquellas normas reglamentarias que contemplen estas y otras enfermedades como causa de exclusión al empleo público.
El acuerdo se aplicará a todas las convocatorias (personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar) que tengan lugar a partir de ahora y, en todo caso, a partir de las derivadas de la oferta de empleo público del año 2020. Estas se adaptarán a la evidencia científica actual y se valorará durante la evaluación de los y las aspirantes su situación clínica y no solo su diagnóstico.
Esta medida, que ha sido defendida por este Gobierno y que ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios en las diversas iniciativas presentadas en las Cortes, pone fin a una discriminación histórica que sufrían más de siete millones de personas que tienen alguno de los diagnósticos mencionados.