El incremento de la patología mental en centros penitenciarios nacionales e internacionales se ha convertido con el paso de los años en un problema de primera magnitud. Varios estudios españoles señalan prevalencias entorno a un 10,5% en el caso de trastornos psicóticos y del 76,5% en trastornos por consumo de sustancias, así como otras patologías frecuentes de tipo afectivo y ansioso.
Profesores del Grado en Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera y del Hospital Provincial de Castellón, junto a sanitarios del centro penitenciario Castellón I, han llevado a cabo el estudio más amplio realizado hasta la fecha en España sobre el abordaje real de los internos que son derivados a la consulta de psiquiatría penitenciaria. El profesor de Medicina la CEU UCH Francisco Arnau Peiró ha liderado la investigación, que ha sido publicada en la revista científica estadounidense Journal of Forensic Sciences.
El profesor Francisco Arnau ha realizado el seguimiento longitudinal de los 1.328 pacientes derivados a la consulta de psiquiatría penitenciaria por los servicios médicos de los centros penitenciarios de la provincia de Castellón y del centro penitenciario Valencia II, durante más de 3 años, en un periodo de 40 meses comprendidos entre julio de 2010 y octubre de 2013. El estudio, codirigido por el profesor de la CEU UCH Gonzalo Haro, se ha centrado no sólo en analizar las variables clínicas y sociodemográficas de estos pacientes derivados, sino también en detallar el tipo de seguimiento llevado a cabo, según los medios disponibles y las características de los pacientes.
PRINCIPALES RESULTADOS
En el estudio realizado, los pacientes tenían una edad media de 36,8 años, el 88,1% eran de nacionalidad española, el 55,6% no terminó los estudios primarios y su tasa de reincidencia fue de 1,7 entradas previas en prisión. Los principales diagnósticos observados han sido, en un 81,4%, casos de patología dual (enfermedad mental y consumo de sustancias). Un 68,2% de los pacientes presentaban trastornos de personalidad del grupo B, y un 13%, trastornos del espectro de la esquizofrenia.
Tras la investigación, los autores del estudio proponen redefinir el PAIEM como un programa vinculado a un nuevo modelo más eficiente y de objetiva equivalencia de cuidados con la comunidad
En los casos analizados, se llevaron a cabo 3.701 valoraciones clínicas durante el tiempo de estudio, destacando un seguimiento largo (de más de 120 días) sólo en un 40,1% de la muestra. En los tres centros penitenciarios estudiados, de Castellón y Valencia, la frecuencia habitual ha sido de cuatro consultas mensuales. Según explica Gonzalo Haro, profesor de Salud Mental en el Grado en Medicina de la CEU UCH y responsable del programa de patología dual grave del Hospital Provincial de Castellón, "dada la alta prevalencia de cuadros clínicos graves y el escaso número de días en que se prestaba la atención clínica, se ha podido demostrar cómo se prioriza la atención en los pacientes con trastornos psicóticos en detrimento de otros diagnósticos".
SANIDAD PENITENCIARIA EN ESPAÑA
Según el profesor de la CEU UCH e investigador principal del estudio Francisco Arnau, "la sanidad penitenciaria en nuestro país queda gestionada por el Ministerio del Interior, con personal sanitario en los centros penitenciarios que se encarga de velar por la salud de los internos. Esto es así excepto en Cataluña, donde la competencia de la gestión penitenciaria está transferida, y en el País Vasco, donde la sanidad penitenciaria se transfirió en virtud de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. El sistema de consultoría psiquiátrica en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior es muy heterogéneo, al quedar vinculado a acuerdos entre la administración penitenciaria y la provincia de que se trate".
Para paliar o afrontar las altas prevalencias de trastornos mentales en prisión, el Ministerio del Interior creó el programa PAIEM (Programa de Atención Integral al Enfermo Mental en prisión). "Este Programa –destaca el profesor Arnau- supuso un gran cambio de modelo, que trataba de ajustarse a la realidad de estas altas prevalencias. En la detección de internos con patología mental, el Programa enfatiza iniciar un tratamiento y seguimiento, y vincularlo según su evolución a diferentes líneas de rehabilitación psicosocial. Si bien, a este nuevo y actualizado abordaje no le siguió de un incremento de recursos humanos, por lo que el sistema tan heterogéneo de consultoría psiquiátrica se mantuvo con no más de 4 asistencias por mes".
PROPUESTA DE UNIDADES DE SALUD MENTAL PENITENCIARIAS
Tras la investigación, los autores del estudio proponen redefinir el PAIEM como "un programa vinculado a un nuevo modelo más eficiente y de objetiva equivalencia de cuidados con la comunidad". Para los autores, esto solo es posible con la transferencia a los servicios autonómicos de Salud, tal y como se ha iniciado en el País Vasco, en el caso de España, y en otros países europeos, siendo además evidente y necesario el incremento de recursos humanos para poder llevar a cabo una labor eficaz.
Siguiendo las recomendaciones de la guía APA sobre servicios psiquiátricos en centros penitenciarios, la propuesta de los investigadores es la creación de Unidades de Salud Mental Penitenciarias (USM-P), donde equipos formados por dos o tres psiquiatras (según el número de internos del centro penitenciario), psicólogos clínicos y profesionales de enfermería especializada en salud mental, puedan llevar a cabo un manejo integral de estos pacientes, es decir, realizar screening a todos los nuevos internos, integrar el manejo de la patología dual, incrementar el tiempo de seguimiento de todos los pacientes (no sólo de los más graves), disminuir la polifarmacia, llevar a cabo tareas rehabilitadoras y mejorar la coordinación con las unidades de salud mental comunitarias para mantener la continuidad de cuidados tras la libertad y así minimizar en lo posible la reincidencia.
El estudio ha sido codirigido por el doctor Julio García-Guerrero, ex director médico del Centro Penitenciario Castellón I. También han participado los doctores Enrique J. Vera-Remartínez, enfermero del mismo centro penitenciario; Ana Benito, psicóloga clínica de la Unidad de Salud Mental de Torrente; y Abel Baquero, profesor de Salud Mental en el Grado en Medicina de la CEU UCH. El estudio recibió financiación de la Fundación de Investigación del Hospital Provincial de Castellón.