El pasado 21 de junio se celebró el seminario 'Adicciones y realidades jurídico-penales: Un abordaje desde la prisión hasta la sociedad civil' celebrado por UNAD, la Red de Atención a las Adicciones y en el que participaron el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí y el director General de Servicios Sociales y Mayores de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Enrique Rodríguez. En este acto se han puesto sobre la mesa cuestiones como el vínculo entre prisiones y drogas y los cambios necesarios para establecer soluciones individualizadas. El espacio ha servido como lugar de intercambio de experiencias entre las más de 50 personas que han acudido tanto desde la red de adicciones como desde otros organismos de atención.
Villalbí ha señalado que "muchas personas que desarrollan adicciones, tienen mayor riesgo de cometer delitos para acceder a las sustancias". Este hecho es, según el delegado, "un marcador de clase social y de vulnerabilidad" sobre el que hay que seguir trabajando pese a que, en los últimos tiempos, se haya avanzado con "cambios muy positivos en el marco jurídico-legal".
Por su parte, Rodríguez, ha defendido que las políticas y estrategias sociales tengan "una visión transversal sobre la plena inclusión de las personas" de tal forma que se ponga el foco "en las personas y en sus problemas de manera individualizada". Rodríguez ha insistido en el abandono del "tratamiento genérico" puesto que "no todas las personas requieren el mismo tipo de intervención".
La última investigación de UNAD comprende una muestra de más de 1.000 personas privadas de libertad, con un 77% de hombres y un 23% de mujeres
La sesión también ha albergado la presentación de los principales datos de la última investigación de UNAD sobre la situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas, un trabajo que comprende una muestra de más de 1.000 personas privadas de libertad, de las que el 77 por ciento son hombres y el 23 por ciento son mujeres.
El estudio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se ha llevado a cabo en 18 centros penitenciarios gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y por los Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Cataluña.
Una de las principales conclusiones del trabajo es que en las prisiones españolas están sobrerrepresentados, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres con adicciones, los contextos de pobreza, las carencias educativas, la exclusión social, las violencias sufridas a lo largo de la vida -especialmente en las mujeres-, así como los problemas de salud mental.
Uno de cada cuatro hombres que han participado en la investigación tiene alguna enfermedad mental diagnosticada
El hombre participante en la muestra tiene una edad media de 39 años, nacionalidad española y estudios primarios. Uno de cada nueve no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión. Además, uno de cada cuatro tiene alguna enfermedad mental diagnosticada. En cuanto a su entorno, procede de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria y tienen hijos o hijas, aunque en la mitad de los casos no cuenta con la custodia.
Por su parte, la mujer participante tiene una edad media de 41 años, nacionalidad española y estudios primarios. Una de cada seis no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión. Una de cada tres tiene alguna enfermedad mental diagnosticada, un 12,3 por ciento tienen reconocida una discapacidad física y el 5 por ciento tiene certificada alguna discapacidad intelectual. En cuanto a su entorno, procede de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria, y en la mayoría de los casos cuenta con menores a su cargo. También tienen pareja, la cual se encuentra en prisión en el 71 por ciento de los casos.