Las altas temperaturas afectan de manera más negativa a ciertos grupos de población. Los mayores son una parte de la población muy sensible al calor, pero existe otro colectivo muy vulnerable: las personas con discapacidad. Un estudio de Human Rights Watch ha revelado que, en España, no tenemos una buena respuesta a las altas temperaturas que se centre en este colectivo.
El estudio se ha centrado en la comunidad de Andalucía, y se ha entrevistado a 33 personas con discapacidad en las ciudades de Sevilla y Córdoba, así como otras áreas cercanas. Según la investigación, la mayoría de los entrevistados aseguraba que las olas de calor les provocaron un "impacto negativo grave" en su salud física. De entre los problemas que describieron, destaca la niebla mental, dificultades para respirar, presión arterial baja, mareos, debilidad, falta de sueño, retención de líquidos, infecciones e incluso pérdida del conocimiento. Una de las peores consecuencias de estas olas fue la salud mental. Estas personas sintieron soledad y aislamiento social, ya que tienen que quedarse en casa durante mucho tiempo para evitar las altas temperaturas.
Para hacer frente a las consecuencias de las altas temperaturas en la salud, contamos en España con el Plan Nacional de actuaciones Preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud, y en Andalucía con un plan homólogo. No obstante, ninguno de los dos planes cuenta específicamente con políticas o líneas de actuación para las personas con discapacidad.
Los entrevistados aseguraba que las olas de calor les provocaron un "impacto negativo grave" en su salud física
"Consultar a las personas con discapacidad habría ayudado a garantizar que sus derechos se cumplan durante una ola de calor y reducir el sufrimiento evitable", según el estudio. Igualmente, según se aprecia, "la información importante relacionada con la ola de calor fue generalmente inaccesible".
Otro de los factores de riesgo de los que alerta el estudio es la pobreza. En este sentido, las personas en situación de pobreza no tienen un buen aislamiento en sus edificios ni espacios verdes. Además, los cortes de energía (en el caso de que el usuario no pueda pagar las facturas) pueden afectar a que las personas con discapacidad no puedan usar los ascensores o los aparatos relacionados con la discapacidad.
Con todos estos datos, desde la plataforma se han trazado algunas recomendaciones a las distintas entidades públicas encargadas de gestionar los planes y los estudios sobre las altas temperaturas. Así, desde Human Rights Watch se recomienda a la Junta de Andalucía que revise su plan de acción incluyendo la perspectiva de las personas con discapacidad y su participación activa, y que se monitorice este plan para evaluar cómo se implanta.
Consultar a las personas con discapacidad habría ayudado a garantizar que sus derechos se cumplan durante una ola de calor y reducir el sufrimiento evitable
También se propone que se garantice la protección de estas personas y plantea medidas concretas como, por ejemplo, asegurar un suministro de energía ininterrumpido durante temperaturas extremas. También se plantean métodos de mensajes de emergencia o aumentar las renovaciones de edificios residenciales para hacer que las viviendas sean más eficientes desde el punto de vista energético, entre otras.
Igualmente se hace referencia a los gobiernos municipales para que incluyan una planificación urbana que mejore la resistencia a las olas de calor, incluso mediante la promoción de espacios verdes en los barrios residenciales y asegure la sostenibilidad y la accesibilidad.También a este nivel se debe contar con la participación de las personas con discapacidad.
Finalmente, el estudio se refiere también al Instituto de Salud Carlos III, al que solicita que recopile y publique datos sobre el impacto de las olas de calor, que lleve a cabo un estudio sobre el impacto del calor extremo en las personas con discapacidad; y que incluya a este colectivo cuando envíe informes al gobierno español.