La Federación Nacional de Asociaciones Alcer celebró la I edición de las Jornadas Informativas sobre Discapacidad y Enfermedad Renal Crónica, donde diversos ponentes informaron sobre las patologías del riñón. El objetivo es que la valoración del grado de discapacidad en las personas trasplantadas con enfermedad renal se base en la búsqueda de su inclusión, respetando el principio de igualdad de oportunidades y buscando su normalización.
Además, desde la federación piden fomentar las posibilidades de empleo activo de estas personas, permitiendo su acceso y permanencia en el mercado de trabajo. Aunque el grado de discapacidad no tiene una relación directa con el reconocimiento de la incapacidad laboral, es preciso tenerlo en cuenta a efectos de graduación del nivel de funcionamiento social y laboral de la persona.
Las personas con ERC trasplantadas deben ingerir una medicación inmunosupresora imprescindible para mantener el funcionamiento del riñón, que produce efectos secundarios en forma de otras patología
La enfermedad renal crónica (ERC) es una patología que por sus características tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de quienes la padecen. Desde los estadios iniciales hasta su fase terminal, las restricciones y sus tratamientos se ven reflejados en la vida diaria de las personas que la padecen. El trasplante renal constituye una solución temporal para un colectivo minoritario de personas con enfermedad renal que supone una mejora en su salud y en la calidad de vida, pero no se debe de confundir el concepto de mejoría con el de curación, puesto que la enfermedad renal de base se mantiene.
La persona con ERC que haya estado sometida a diálisis sufre otro tipo de patologías asociadas que no se curan con el trasplante. Además, el tiempo que una persona con ERC ha tenido que estar sometido a diálisis influye negativamente en la progresión y evolución del trasplante. Por otro lado, las personas con ERC trasplantadas deben ingerir una medicación inmunosupresora imprescindible para mantener el funcionamiento del riñón, que produce efectos secundarios en forma de otras patologías.
Las personas trasplantadas de riñón necesitan continuas y periódicas visitas al servicio de nefrología y a otros servicios complementarios y necesarios para la supervivencia del injerto, pueden sufrir hospitalizaciones, cambios de pauta en la medicación o modificaciones del tratamiento debido a su nefrotoxicidad y efectos secundarios. Estas situaciones pueden dar lugar a despidos laborales por ausencias reiteradas al trabajo.
Sólo el 39 % de pacientes renales trasplantados en edad laboral tienen un empleo activo, debido a factores físicos y a la dificultad para reincorporarse al mercado laboral tras años de inactividad durante el tratamiento de diálisis
Con el actual baremo, no se garantiza que las personas con enfermedad renal crónica trasplantadas renales, sean consideradas legalmente como personas con discapacidad, pues se sigue dando mayor importancia a la severidad de las limitaciones para las actividades, que a la existencia de barreras que provienen de factores ambientales. Esto se debe a que el procedimiento, declaración y certificación del grado de discapacidad se basa principalmente en la deficiencia, que es de carácter individual.
Sólo el 39 % de pacientes renales trasplantados en edad laboral tienen un empleo activo, debido a factores físicos y a la dificultad para reincorporarse al mercado laboral tras años de inactividad durante el tratamiento de diálisis. Los profesionales reunidos en las jornadas consideran que estas personas deben tener las mismas posibilidades que el resto de la sociedad para acceder a un desarrollo vital en igualdad de condiciones, con el fin de poder realizar las actividades de la vida diaria, con los apoyos necesarios de las administraciones públicas.