Si ir al centro de salud era un ejercicio de riesgo que intentábamos evitar durante el confinamiento y aún ahora, para las personas que viven anticoaguladas ha sido y sigue siendo un ejercicio de supervivencia. Un tratamiento descompensado puede tener nefastas consecuencias en su salud pero arriesgarse a un contagio por acudir a un centro sanitario provoca miedo a 4 de cada 10 pacientes anticoagulados que han tenido que acudir a una revisión de su tratamiento en este periodo, según una encuesta realizada por la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan).
Y es que la Covid-19 afecta con más virulencia a las personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular, como es el caso. Desde Feasan, cuando estalló la pandemia, se solicitó a los gobiernos autonómicos y central medidas para evitar que estos pacientes vulnerables tuvieran que acudir a revisiones (cada 4 a 6 semanas en el caso del SINTROM) sin perjudicar su tratamiento.
En España casi 1.000.000 de personas toman anticoagulantes orales. Una cifra que aumenta cada año como consecuencia del envejecimiento de la población y el aumento de los factores de riesgo vascular. Debido a este tratamiento, estos pacientes son más vulnerables ante una emergencia médica o una intervención quirúrgica, pues un mal seguimiento puede provocar ictus o hemorragias.
En España casi 1.000.000 de personas toman anticoagulantes orales
Feasan ha podido constatar que aunque la mayoría de CC.AA. adoptó medidas extraordinarias durante la pandemia, ni todas fueron las mismas, ni todas fueron oficiales y, por supuesto, algunas no tomaron medida alguna, como suele ocurrir en el Sistema Nacional de Salud. De hecho, en abril la organización de pacientes publicó un informe con una serie de conclusiones en la que se subrayaba que “tan solo 7 CCAA han publicado medidas extraordinarias, entre las que se incluye la autorización de los ACOD para los nuevos pacientes con Fibrilación Auricular no valvular, que exige la flexibilización del visado de inspección”.
Y es que los anticoagulantes de Acción Directa (ACOD) están sujetos a un visado de inspección con más o menos restricciones según la CCAA. En Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Canarias el médico de familia no puede visarlo, aunque en el resto de CCAA, sí. “Las administraciones sanitarias autonómicas actúan irresponsablemente introduciendo desigualdades entre unos pacientes y otros. Estas desigualdades han aumentado más aún durante la pandemia”, subraya el presidente de Feasan, Rafael Martínez.
No solo eso, sino que una vez concluido el estado de alarma, los gobiernos autonómicos están retirando este tipo de medidas, “aunque la pandemia aún no ha terminado y el riesgo para las personas anticoaguladas persiste”, añade Martínez.
“Si se revocan estas medidas, esos pacientes corren el riesgo de que les tengan que cambiar el tratamiento”
“Durante la pandemia, un paciente que debutaba por una fibrilación auricular o que tenía mal control del SINTROM lo podían cambiar a ACOD, ya que el visado se había flexibilizado. Si se revocan estas medidas, esos pacientes corren el riesgo de que les tengan que cambiar el tratamiento, lo que habría que ver si es legal, pero ético desde luego no”, asegura el representante de los pacientes.
De este modo, para Feasan, es “urgente que las CCAA y el Ministerio de Sanidad revisen el sistema de seguimiento del tratamiento anticoagulanteoral para no tener que acudir cada mes al centro de salud y así evitar riesgos. Una de las soluciones puede encontrarse en los ACOD, que precisan de menor seguimiento, pero habría que eliminar el visado y ampliar su indicación”, pues no están financiados por el SNS para los pacientes que han sufrido una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar.
Otras soluciones que aumentarían la autonomía del paciente y disminuirían su dependencia del sistema sanitario pasan por incluir el sistema de autocontrol con coagulómetros portátiles para anticoagulados con AVK en la Cartera de Servicios del SNS. “Algunas CCAA lo han introducido de forma limitada lo que conlleva nuevas desigualdades entre pacientes de unas CCAA y otras e incluso entre pacientes de un hospital a otro”, explica Martínez.
“No implicar al paciente origina consumo de más recursos sanitarios, y más riesgos”
En la encuesta de Feasan, la mitad de los encuestados (49%) preferiría tratarse con un anticoagulante que no exigiera controles y el 38% preferiría autocontrolarse. Los pacientes piden más autonomía y más autocuidado.
Esto pasa por la información y formación del paciente y la participación en la toma de decisiones en el Sistema Nacional de Salud. En anticoagulación, este derecho es especialmente importante. “No implicar al paciente origina consumo de más recursos sanitarios, y más riesgos, como hemos observado en esta pandemia; riesgos evitables con una adecuada información al paciente, con el fomento del autocuidado que garantice la máxima adherencia al tratamiento y con la participación de los pacientes. En este sentido, las asociaciones somos un recurso que el propio sistema debería aprovechar”, explica Martínez.
“La primera medida de nuestro sistema de salud es escucharnos. A nosotros y a los clínicos. Y priorizar la salud de los pacientes cuando se trata de prevenir un mal irreparable”, concluye.