Melilla y Ceuta finalizaron el pasado 2022 con la menor tasa de interrupción voluntaria de embarazo (IVE) de toda España. Solo 3,8 mujeres por cada 1.000 habitantes llevaron a termino esta práctica en comparación con el 11,68 de media nacional, según datos del Registro Estatal de IVE publicado por el Ministerio de Sanidad. Estas cifras reflejan las dificultades a las que se enfrentan numerosas mujeres al año para tomar esta decisión, siendo el 45% de los abortos llevados a cabo por la vía ilegal.
Como citan Eva Estévanez Jiménez y Maite Cruz Piqueras, investigadoras y autoras de un artículo sobre las barreras en el aborto en la ciudad autónoma de Melilla, la Ley Orgánica 1/2023, por la que se modifica la anterior norma publicada en 2010, establece "cambios fundamentales" como "la regulación de la objeción de conciencia, el derecho a abortar de las adolescentes de 16 y 17 años, y de mujeres con diversidad funcional sin necesidad de consentimiento de terceros, y sobre todo pretender acabar con las inequidades territoriales en el acceso al aborto y garantizar la prestación en servicios sanitarios públicos".
Estas barreras se ven atenuadas en la ciudad de Melilla, debido a sus características socioculturales, demográficas y políticas. Además de estas cifras, cabe destacar que, por la objeción de conciencia, no existen centros púbicos ni privados que lleven a cabo esta práctica en la región, y por tanto todos los abortos tienen lugar en una clínica concertada en la ciudad andaluza de Málaga.
En esta línea, las investigadoras han realizado un estudio para analizar las barreras para abortar en Melilla a las que se enfrentan las mujeres, motivo por el cual se ven obligadas a buscar alternativas para interrumpir su embarazo. “Resulta relevante esta investigación que se plantea, desde una perspectiva de los derechos humanos sexuales y reproductivos, identificar y analizar qué barreras existen de acceso al aborto desde el punto de vista de los/las profesionales sanitarios/as más directamente implicados/as con la prestación, así como una aproximación al recorrido que finalmente tienen que hacer estas mujeres para poder abortar”, explican las responsables del estudio publicado en Gaceta Sanitaria, la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
"Este estudio ha identificado hasta 13 barreras para acceder a la interrupción del embarazo"
En este estudio, desarrollado en dos fases y basado en un total de ocho entrevistas, se identificaron hasta 13 barreras para acceder a la interrupción del embarazo. Objeción de conciencia, desplazamiento a la Península, tiempos de espera, pasos intermedios innecesarios, estigma, déficit de información, barrera idiomática, situación geográfica de Melilla, problemas de protección de datos personales, situación administrativa irregular, barrera cultural, ausencia de clínicas privadas y necesidad de consentimiento de terceros a adolescentes de 16 y 17 años para viajar, son las limitaciones que reflejan los resultados de esta investigación.
De este trabajo se desprende que, mientras las informantes clave de este estudio confirmaron la existencia de barreras de acceso al aborto, los profesionales sanitarios consideran que no existen obstáculos y el proceso es rápido y fluido. No obstante, la evidencia sostiene que, si las mujeres deben desplazarse fuera de Melilla y no tienen la suficiente información para acceder al aborto, sí existen barreras para la interrupción voluntaria del embarazo por el método legal.
"Las mujeres musulmanas tienden a pasar de forma encubierta por el circuito con mayor asiduidad que el resto, a la vez que llevan el embarazo a término con mayor frecuencia"
Sin embargo, las mujeres sanitarias que participaron en estas entrevistas aseguran que existen limitaciones en el acceso de mujeres por su estatus legal o situación administrativa, así como por su identidad cultural. “Las mujeres musulmanas tienden a pasar de forma encubierta por el circuito con mayor asiduidad que el resto, a la vez que llevan el embarazo a término con mayor frecuencia”, según las percepciones de las personas entrevistadas. A esto se suma la dificultad de todas las mujeres que están en una situación administrativa irregular, principalmente de origen marroquí, que solo pueden abortar si traspasan la frontera y acuden a clínicas clandestinas en Marruecos, por la dificultad para acceder al circuito por el Sistema Nacional de Salud.
De estos resultados se extraen dos conclusiones: la posición de quienes defienden el aborto de forma activa y el punto de vista de las personas que consideran que la interrupción del embarazo no es un derecho y “no merece la pena” como para destinar recursos específicos para atenderlo por el SNS. Además, las personas entrevistadas en este trabajo afirman: “La mejor solución para facilitar el acceso sería realizar las interrupciones de embarazo en Melilla, en lugar de derivarlas a la Península”.
Por último, cabe destacar el factor edad, uno de los obstáculos más tratados en todas las investigaciones, pero que en este estudio, como se explica en sus últimas líneas, "no se menciona como dificultad añadida, sino al contrario: los/las profesionales creen que se cumple con los plazos establecidos en la LO 2/2010 y ninguna mujer se ve con esta dificultad en el momento de abortar".
"Las barreras de acceso al aborto provocan desplazamientos forzados en busca de la prestación. En lugares remotos, como es el caso de Melilla, van a implicar riesgos para la salud física y emocional de las mujeres, tanto por la complejidad del recorrido descrito como por el resultado final: abortos clandestinos, viajes a la Península o continuar con un embarazo no deseado", recoge el trabajo de Eva Estévanez Jiménez y Maite Cruz Piqueras en sus conclusiones.