Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Estos cinco países, a primera vista tan diferentes, tienen en común que son los únicos que cuentan una ley que permite la eutanasia. Una lista a la que España tiene la intención de sumarse. Con los votos en contra del Partido Popular (PP) y Vox, el Congreso de los Diputados daba luz verde el pasado 12 de febrero a la toma en consideración de la proposición de ley para regular la eutanasia en España.
Una propuesta presentada por el PSOE y que se erige como la primera que comienza a tomar forma en esta legislatura con 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones. Un debate que ha estado marcado en muchos momentos por una fuerte carga emocional y momentos de crispación.
La ex ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, defendía en este debate la admisión a trámite de la Proposición de Ley Orgánica del PSOE para regular el derecho a la eutanasia en España. "Esperamos que a la tercera vaya la vencida", señalaba dejando claro que “el sufrimiento no tiene ideología”.
La proposición de Ley, tal y como explicaba Carcedo, se plantea como un “derecho” que será “incorporado a la Sanidad pública”. Así queda recogido en el texto en el que se explica que se reconocerá este derecho para quienes lo soliciten y sufran “una enfermedad grave e incurable” o “invalidante” que les produzca “un sufrimiento insoportable”.
El siguiente paso que deberá dar esta norma es presentarse ante la Comisión de Sanidad. A través de esta los grupos parlamentarios deberán negociar uno a uno los 19 artículos y las cuatro disposiciones especiales que componen el texto.
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN LA LEY
En el Capítulo I, Artículo 3, punto D, esta ley define el “médico responsable” como el “facultativo o facultativa que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del o la paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial y sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales”.
En el punto E se define el “médico consultor” como “el facultativo o la facultativa con formación en el ámbito de las patologías que padece el o la paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico o médica responsable”.
Se reconocerá este derecho para quienes lo soliciten y sufran “una enfermedad grave e incurable” o “invalidante” que les produzca “un sufrimiento insoportable”
Teniendo en cuenta estas dos definiciones avanzamos al punto F en el que se contempla la “objeción de conciencia sanitaria”. Esta se define como “derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que resulten incompatibles con sus propias convicciones”.
En el Capítulo IV, Artículos 16, se especifica el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia sanitaria por parte de los profesionales sanitarios implicados en la prestación de ayuda para morir.
El primer punto indica que “las y los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria”.
“El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”.
El segundo punto recoge que “las administraciones sanitarias crearán un Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir”.
Este último punto, la contemplación de la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, sobre el que los médicos han mostrado sus reticencias.
CRÍTICAS AL REGISTRO DE PROFESIONALES
Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), destacaba recientemente la necesidad de que la futura Ley de eutanasia no establezca la creación de un registro público de médicos objetores de conciencia.
En su opinión, la creación de este registro podría traducirse en una serie de consecuencias y de actitudes “peyorativas” para el desarrollo profesional de estos médicos, por parte tanto de los gerentes como de los propios ciudadanos.
“El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”
Es por esto que la OMC ha defendido un comunicado que deberían de ser los colegios médicos los que tengan el registro de los profesionales médicos que decidan declararse objetores de conciencia.
El objetivo expresan es el de evitar que se pueda llegar a “obligar” a practicar la eutanasia. "Depositar la objeción de conciencia en los colegios de médicos sirve de garantía para que nadie pueda obligar a realizar este acto, así como para que no haya objeciones de ida y vuelta, de mañana y tarde”, explica Romero.
El presidente de la OMC señala además que considera un “error” el que esta ley “salga sola” y no se encuentre recogida dentro de una normativa más ampliar a través de la que se regule “la atención integral al final de la vida, donde se incluya a todos y no se deje a nadie atrás”.
“La eutanasia no es un debate exclusivamente médico. Independientemente de que se regule, no podemos mirar a otro lado con las personas que no reciben la atención necesaria. Pedimos una ley integral de atención al final de la vida porque entendemos que no tiene que haber una ley solo desde el ámbito sanitario, sino desde lo social. Hay personas que no tienen apoyo social ni familiar, no tienen adaptación del hogar, que, por eso, pueden sentir que no pueden seguir viviendo dignamente”.
¿QUÉ OPINAN LOS MÉDICOS?
En diciembre de 2018 el Colegio de Médicos de País Vasco realizaba una encuesta entre sus colegiados (7.754) para conocer su opinión en relación a la eutanasia. El 86,39% se mostró a favor de que esta fuese regulada. Dentro de este porcentaje el 67% no tiene ninguna duda al respecto mientras que un 19% mostraba dudas.
"Depositar la objeción de conciencia en los colegios de médicos sirve de garantía para que nadie pueda obligar a realizar este acto, así como para que no haya objeciones de ida y vuelta, de mañana y tarde”
El 71,21% de los colegiados estaba además de acuerdo con legislar sobre el suicidio asistido. Encuestas similares se realizaron también en los colegios de médicos de Tarragona y Las Palmas de Gran Canaria arrojando resultados muy similares a los reportados por País Vasco.
La suma de los colegiados de estas corporaciones aglutina alrededor del 20% de los profesionales médicos del país. Aunque los colegios médicos, por el momento, no han hecho pública una postura oficial, lo cierto es que estas cifras dejan bastante clara cuál es la posición de los médicos en relación a la eutanasia.
Si ponemos el foco en aquellos profesionales que se presentan como objetores, vemos que en Las Palmas, el 28% de los profesionales médicos se acogería a la objeción de conciencia (21% “sí, con total seguridad” y 7% “creo que sí, pero no estoy totalmente seguro”).
En el caso de País Vasco, el 28% de los médicos colegiados se declararía objetor. El 19% lo haría con “total seguridad”, mientras que el 9% cree que sí pero aún tienen dudas. El 31% de los médicos de Tarragona se acogería a la objeción de conciencia: 15% “con total seguridad” y un 16% “con dudas”.
El cómputo de los colegios de médicos presentados nos deja el 31% de médicos se declararían objetores de conciencia a la hora de practicar la eutanasia.