Ser despedido del trabajo por faltar al mismo para operarse y donar parte del hígado a su hija pequeña. Es lo que le ha ocurrido a un miembro de la Asociación Española de Ayuda a Niños con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos (Hepa), desde donde aseguran que no se trata de un caso aislado porque “un porcentaje muy alto de los padres que hemos donado un órgano hemos tenido problemas laborales y en la mayoría de los casos hemos perdido nuestro puesto de trabajo”.
A esta misma conclusión llega el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona que, como recoge un estudio publicado en la Revista Bioética y Derecho, llega a la conclusión de que la interpretación restrictiva de la actual Ley General de la Seguridad Social lleva a entender que el donante, al no estar enfermo previamente ni haber sufrido accidente, no reúne el requisito de incapacidad temporal, “con lo que no podría disfrutar de la baja laboral ni la prestación correspondiente, de manera que puede verse obligado a someterse a la extracción durante el período vacacional".
La falta de una normativa estatal a este respecto, por ello, conlleva que al donante vivo de órganos no se le reconozca una baja laboral de forma oficial. Por ello, el propio director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ha pedido al Gobierno una "modificación legal" para que tengan la misma protección social y laboral que una mujer embarazada.
EQUIPARACIÓN AL EMBARAZO
Una modificación legal para cuya petición la Hepa ya ha recopilado más de 250.000 firmas en una conocidaplataforma online, con el fin de lograr que estos donantes sean equiparados a una embarazada, situación a la que también se accede voluntariamente. “De esta manera el trabajador no vería afectada su nómina ni perdería su puesto de trabajo. Y la empresa no tendría que pagar los seguros sociales en el tiempo de baja ni la persona que sustituye al donante”.
La asociación considera que es de justicia que, tras el acto de contribución social realizado por el donante vivo, se le proteja de manera que esta protección permita alcanzar un equilibrio, “nunca completo, entre el beneficio obtenido por la sociedad en su conjunto y el riesgo altruista asumido por parte del donante. Así, conseguiremos más donaciones y más vida”, señalan en su petición.
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La interpretación restrictiva de la Ley de Seguridad Social impide el reconocimiento de la baja laboral al considerarse que el donante no está enfermero ni ha sufrido un accidente de trabajo
El problema, como recoge esta asociación, es que, aunque los donantes justifiquen la ausencia en el trabajo para someterse a pruebas médicas de compatibilidad, las empresas consideran que el trabajador no está enfermero, y que la operación es voluntaria, por lo que la solución es pedir una excedencia, como le indicaron a otro de los afectados.A esta misma conclusión llega el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona que, como recoge un estudio publicado en la Revista Bioética y Derecho, llega a la conclusión de que la interpretación restrictiva de la actual Ley General de la Seguridad Social lleva a entender que el donante, al no estar enfermo previamente ni haber sufrido accidente, no reúne el requisito de incapacidad temporal, “con lo que no podría disfrutar de la baja laboral ni la prestación correspondiente, de manera que puede verse obligado a someterse a la extracción durante el período vacacional".
La falta de una normativa estatal a este respecto, por ello, conlleva que al donante vivo de órganos no se le reconozca una baja laboral de forma oficial. Por ello, el propio director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ha pedido al Gobierno una "modificación legal" para que tengan la misma protección social y laboral que una mujer embarazada.
EQUIPARACIÓN AL EMBARAZO
Una modificación legal para cuya petición la Hepa ya ha recopilado más de 250.000 firmas en una conocidaplataforma online, con el fin de lograr que estos donantes sean equiparados a una embarazada, situación a la que también se accede voluntariamente. “De esta manera el trabajador no vería afectada su nómina ni perdería su puesto de trabajo. Y la empresa no tendría que pagar los seguros sociales en el tiempo de baja ni la persona que sustituye al donante”.
La asociación considera que es de justicia que, tras el acto de contribución social realizado por el donante vivo, se le proteja de manera que esta protección permita alcanzar un equilibrio, “nunca completo, entre el beneficio obtenido por la sociedad en su conjunto y el riesgo altruista asumido por parte del donante. Así, conseguiremos más donaciones y más vida”, señalan en su petición.
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