El Gobierno ha informado esta semana sobre diferentes datos relativos a la existencia de amianto en las infraestructuras ferroviarias de Renfe y del número de trabajadores que han estado expuestos a esta sustancia, considerada cancerígena y que está prohibida desde el año 2002.
En una respuesta parlamentaria a la diputada de Unidos Podemos, Eva García Sempere, desde Moncloa han detallado que Renfe inició “en los años 90” una campaña de vigilancia de la salud “a la que podían incorporar todas aquellas personas que consideraran la posibilidad de haber estado en contacto con amianto”. Así, hasta el año 2017, “la campaña fue adherida por, aproximadamente, 1.135 personas”.
A pesar de estas cifras, desde el Ejecutivo comparten que en ADIF, la entidad pública que gestiona la construcción y explotación de líneas de ferrocarril en España, “no tiene lugar el empleo ni la manipulación de amianto por parte de sus trabajadores en ninguna de sus actividades”.
El Gobierno reconoce que debido a la aplicación del amianto en décadas anteriores, es posible que haya "instalaciones o infraestructuras donde sea posible la presencia de materiales con amianto"
Aún así, desde el departamento de Fomento reconocen que debido “a las aplicaciones en las pasadas décadas del amianto en la construcción de edificios e instalaciones”, cabe la posibilidad de que “pueden existir instalaciones o infraestructuras donde sea posible la presencia de materiales con amianto”.
No obstante, el Gobierno ha subrayado que, con respecto a la total eliminación del amianto en las infraestructuras ferroviarias, “ya antes de la prohibición de la fabricación y comercialización de la última variedad de amianto permitida (crisotilo), ADIF limitó su utilización prohibiendo actuaciones que implicaran su manipulación cuando existiera riesgo de exposición, y adoptó medidas para la sustitución de elementos que contuvieran amianto”.
PAUTAS DE PROTECCIÓN LABORAL
Por otra parte, el Ejecutivo ha compartido las pautas de actuación que tiene establecidas ADIF para proteger a los trabajadores implicados “en caso de incidente laboral, industrial o medioambiental (por derrumbe, daños sufridos, estado avanzado de deterioro, etc.), o de advertencia de haberse producido una manipulación o utilización no deliberada de materiales con amianto”.
Así, se opta primero por la “paralización automática de los trabajos, si continuar con los mismos implica la existencia de riesgos debido a la exposición al amianto”. Después, se estipula “no manipular el material” y “proteger las vías respiratorias de la inhalación de fibras”. A continuación, se exige “avisar a la empresa a través de su mando directo o del jefe de centro de trabajo para la adopción de medidas oportunas”.