"Es un túnel sin salida, sobre todo al saber que no tiene en modo alguno posibilidad de recuperación visual"
Miguel Cañete (abajo, en la imagen) es uno de los pacientes que sufrió mayores daños tras someterse a dos operaciones por desprendimiento de retina, en este caso, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Tras la segunda intervención, comprobó que había perdido completamente la visión. Sin embargo, hasta pasados cinco meses no se enteró de que su ceguera en ambos ojos se debía al uso de prefluoroctano en las operaciones, un producto oftalmológico comercializado con el nombre de Ala Octa por la empresa alemana Ala Medics GmbH y retirado del mercado en junio de ese mismo año por una partida defectuosa.Su hijo explica a este diario que, dos años después del suceso, Miguel todavía se encuentra inmerso en una profunda depresión a la que se suma, lógicamente, su “invalidez absoluta” a causa de la ceguera. “Es un túnel sin salida, sobre todo al saber que no tiene en modo alguno posibilidad de recuperación visual”, lamenta el hijo de este paciente a la vez que reconoce que su padre fue de los “peores afectados por uno de los lotes más agresivos” de la partida defectuosa del producto Ala Octa.
A pesar de que en un primer momento desde la familia de este paciente reconocían no haber recibido el apoyo suficiente por parte de las autoridades sanitarias, actualmente, después de que Sanidad reconociera la toxicidad del producto, la situación es distinta y sí han recibido el trato oportuno.
"Se evalúa tanto el daño físico, el impacto emocional y en bastantes casos el daño laboral"
Su caso en concreto, como otros muchos de los más de 100 afectados por el compuesto oftalmológico, sigue su curso en los tribunales, por lo que como informa el familiar del paciente, “todavía no hemos recibido compensación”. Desde el bufete de abogados Gómez Menchaca reconocieron hace unos meses que pedían una media de 200.000 euros de indemnización por paciente, según el daño concreto sufrido por cada víctima. Uno de sus abogados explicaba a este diario que “se evalúa tanto el daño físico, el impacto emocional y en bastantes casos el daño laboral, ya que puede ir unido a una incapacidad permanente, total y absoluta”.A pesar de ello, se han dado casos en los que la resolución judicial ha marcado menos de lo que consideraba la defensa de los pacientes. Para uno de los afectados, por ejemplo, la cuantía de la remuneración ha ascendido a 28.200 euros, algo que tanto para el afectado como para los abogados Gómez Menchaca, no es suficiente. Los abogados también dicen que la parte más importante ya se ha ganado y es la asunción de responsabilidad por parte de la empresa alemana que suministraba el producto. Una vez asumida la responsabilidad, el letrado ha presentado una demanda que asciende a 10.000 euros “por responsabilidad patrimonial de daños”.
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