La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) celebró el pasado 27 de diciembre la Asamblea General Extraordinaria, cuyo único punto del día era decidir si los socios aceptaban lo que hasta ahora ha propuesto el Gobierno, es decir, que respecto del pago de las ayudas a los afectados establecido en la LGPE 2018 no se regule expresamente la exención fiscal -con la consiguiente inseguridad jurídica de si han de pagar IRPF por las mismas-; o si por el contrario Avite no daba su conformidad si la exención está antes perfectamente clara.
La votación se produjo con asistencia masiva de cientos de socios -presenciales y representados- y todos ellos salvo uno votaron no aceptar nada que no deje claro que las ayudas estén exentas fiscalmente, lo que ya se ha puesto en conocimiento del interlocutor del Gobierno.
Los afectados buscan un trato fiscal igual que el que reciben las víctimas nacionales de otros daños
Es preciso aclarar que lo que pretenden los afectados de la talidomida no es más que un trato fiscal igual que el que reciben las víctimas nacionales de otros daños: contagiados por el VIH o el VHC, lesionados en accidentes de tráfico, víctimas de negligencias médicas, de terrorismo, o cualquier indemnizado por un daño por la Administración Pública.
Además, conviene recordar que la Proposición No de Ley de 30-11-16 aprobada por unanimidad del Congreso de los Diputados, incluidos votos del PSOE, ya establecía la exención fiscal a los talidomídicos.
Los afectados del resto de países ya recibieron ayudas hace años
Por último se menciona que los afectados del resto de países europeos ya recibieron pensiones y ayudas hace muchos años, todos con exención fiscal.
La tragedia de la talidomida fue posible por la codicia de la farmacéutica Grünenthal, que sigue operando en nuestro país, incluida la sanidad pública, como si nada, y la pasividad negligente del Estado Español, y carece de sentido que éste tarde y mal compense y ayude a sus víctimas nacionales para darles con una mano lo que con la otra se les quita vía impuestos.
Los socios de Avite expresaron con su voto que por encima de todo está su dignidad, y aunque por su situación necesitan más que nadie esas ayudas para acometer una vejez de total dependencia de terceros, no aceptarán cerrar en falso este episodio y lucharán hasta el final por lo que es de justicia elemental.
Todo esto será puesto en conocimiento del Gobierno con detalle en la reunión que el próximo 9 de enero mantendrán representantes de Avite con la Secretaria de Estado de Hacienda.