Esta mediodía los representantes de Avite se han reunido con la directora general del Imserso, Carmen Olarte.
El encuentro ha sido acordado en respuesta al ultimátum dado por Avite al Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar sin más tardanza el real decreto que establezca el procedimiento para el pago de las ayudas previstas en la disposición adicional 56ª de la ley general de presupuestos del estado 2018 para los afectados por la talidomida en España.
Avite afirma que a pesar de que han trascurrido seis meses desde que se aprobó la ley hasta ahora nada se ha aprobado por parte del Gobierno socialista, y ni siquiera se ha coordinado la liberación de sus funciones asistenciales habituales de los seis médicos que componen el comité del Instituto Carlos III para determinar quiénes tienen la condición de afectados de la talidomida de entre las 528 solicitudes presentadas desde enero pasado.
“El gobierno quiere que nos hagamos cargo de los impuestos”
En palabras de Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, la reunión “no ha sido nada agradable”. El enfado de la asociación viene porque se les prometió que las compensaciones económicas de los afectados por la talidomida iban a estar libres de tributaciones económicas como las del resto de afectados por otras causas, como los accidentes de tráfico.
“El gobierno quiere que nos hagamos cargo de los impuestos, algo inconcebible teniendo en cuenta que se trata de una negligencia causada por un medicamento”, apunta Basterrechea, que asegura que los afectados en situaciones similares pero por otras causas no tienen que hacerse cargo de estos pagos.
Las compensaciones económicas no son la única preocupación de los afectados por la talidomida. La inestabilidad política que se están instaurando en España en las últimas semanas con un escenario de elecciones anticipadas cada vez más cerca preocupa mucho a Avite.
“Todo apunta a que el Real Decreto se aprobará próximamente”, asegura Basterrechea. Este escenario solo se podría ver perjudicado si finalemente el gobierno de Pedro Sánchez convoca elecciones para el próximo mes de mayo. “Esto supondría paralizar todos los procesos en marcha”, apunta Basterrechea.