Este fin de semana se cumplen tres meses desde que el Gobierno aprobara el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Con esta norma, la exministra de Sanidad, Carmen Montón, pretendía armonizar las actuaciones que las comunidades autónomas habían iniciado para garantizar la asistencia sanitaria tras haber sido limitada por el RD 16/2012.
Sin embargo, este propósito no se ha cumplido según advierte Reder, la Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012. En un reciente informe, este organismo que aglutina a multitud de colectivos, da la “bienvenida” a la nueva norma por ir “en la dirección correcta”, pero al mismo tiempo alerta que el texto cuenta con “importantes lagunas en su articulado”.
Reder plantea al Ministerio de Sanidad que apruebe un reglamento para desarrollar el RD y se "garantice la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España"
La principal crítica recae sobre la falta de “homogeneización” en las distintas regiones, por lo que lamentan que actualmente la consecución de la universalidad se encuentra “en un punto muerto”. Frente a esta situación, y como propuesta urgente, Reder plantea al Ministerio de Sanidad que apruebe un reglamento para desarrollar el RD y se “garantice la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España”.
RESTRICCIONES EN ALGUNAS CC.AA.
El informe presentado por Reder denuncia que debido a la “ambigüedad” de algunos preceptos del RDL 7/2018, en algunas comunidades “se están imponiendo interpretaciones restrictivas”, por lo advierten que siguen existiendo “personas que ven vulnerado a diario su derecho a la salud”.
Este colectivo que aglutina a varias sociedades y asociaciones denuncia que "se siguen produciendo importantes vulneraciones del derecho a la salud" por las diferencias entre CC.AA.
Por ejemplo, expone que el nuevo texto aprobado por el Gobierno, y convalidado por el Congreso, “no homogeniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener a tarjeta sanitaria”. Además, alertan que “tampoco asegura la asistencia a menores de edad, mujeres embarazadas y otros colectivos especialmente vulnerables, o la atención en urgencias”.
Asimismo, debido a que muchas autonomías aprobaron diferentes normas para garantizar la asistencia, el informe denuncia que la falta de coordinación desde el ámbito estatal ha provocado que haya “diferentes grados de cobertura y distintos requisitos de entrada”. Así, inciden en que en estas regiones “se siguen produciendo importantes vulneraciones del derecho a la salud que es preciso atajar”.
ACLARAR LAS “LAGUNAS”
Ante este tipo de situaciones, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 exige al departamento que dirige María Luisa Carcedo que se adopte un reglamento que “armonice la aplicación del nuevo RDL en todo el territorio” y con ello se aclaren “las lagunas”. Como ejemplo, piden que se “flexibilice la prueba de que la persona vive efectivamente en España, desvinculando esta del requisito del empadronamiento”.
Por otra parte, Reder pide que se reconozca “sin ambages” el derecho de extranjeros irregulares a obtener la tarjeta sanitaria “desde el mismo momento que acrediten vivir en España” o que se asegure “de forma incondicional” la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a “mujeres embarazadas, menores de edad, víctimas de trata y solicitantes de asilo, así como la atención en urgencias hasta el alta médica”.