La partida para los afectados de la talidomida, más cerca con la aprobación de los PGE

La cantidad específica destinada para paliar el daño del medicamento de Grünenthal todavía se desconoce. El primer caso es culminar con el registro nacional de víctimas.

El plazo para inscribirse en el registro nacional de afectados de la talidomida finaliza el 19 de julio
El plazo para inscribirse en el registro nacional de afectados de la talidomida finaliza el 19 de julio
CS
26 marzo 2018 | 17:45 h

Con la aprobación este martes de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 por el Consejo de Ministros se dedicará una partida específica, tal y como estaba previsto, para los afectados españoles de la talidomida, el medicamento de la farmacéutica Grünenthal que causó malformaciones a miles de personas en todo el mundo.

En declaraciones a ConSalud.es, el diputado de Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea, asegura que “la exigencia de la designación de una cantidad para la indemnización de las víctimas de la talidomida está cumplida”. Eso sí, añade, “desconozco la partida, pero una cantidad suficiente es inexcusable”.

"El registro va por buen ritmo ahora y ellos saben que tienen que consignar una cantidad que sea suficiente"

Por el momento, las comunidades autónomas continúan trabajando en la realización de pruebas a los afectados que los certifique como víctimas del fármaco de cara a la creación de un registro nacional. Las personas interesadas en someterse a las mismas tienen de plazo hasta el próximo 19 de julio.

“Una vez acabado, sabríamos la cantidad. El registro va por buen ritmo ahora y ellos saben que tienen que consignar una cantidad que sea suficiente”, dice Igea. Más pesimistas son desde la propia asociación de afectados españoles, Avite, quienes recientemente mantuvieron una reunión con representantes del Imserso, encargado de gestionar las futuras indemnizaciones.

El vicepresidente de la asociación, Rafael Basterrechea, aseguró a este diario que el organismo público les ha “insinuado” volver a la línea del anterior Real Decreto, donde se plantearon compensaciones entre los 30.000 y los 100.000 euros por afectado, dependiendo del grado de afección y minusvalía. Esta cifra es considerablemente menor a la que han recibido afectados de otros países.

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