Hace tan sólo unos días, la Comisión Permanente de Trasplantes del Consejo Interterterritorial de Sanidad aprobó el protocolo por el que se incorporaba a los hospitales de la sanidad privada a la red española de donaciones y trasplantes. De esta manera, las comunidades autónomas validaban el acuerdo firmado hace unos meses entre la Organización Nacional de Trasplantes(ONT) y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
Con este nuevo pacto, la ONT espera aumentar la actividad de donación, entre un 5% y un 10% más de lo que se produce actualmente. Según una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por José Ignacio Echániz, diputado del PP, este incremento porcentual representaría entre “110-220 donantes y 240-480 trasplantes de órganos anuales adicionales”.
Esta evaluación se trata de una "estimulación inicial"; no obstante, la ONT y ASPE están realizando "un análisis pormenorizado del potencial de donación de órganos en centros de titularidad privada"
A pesar de ello, desde el organismo que dirige Beatriz Domínguez-Gil han informado que estas cifras proporcionadas representan una “estimación inicial”. No obstante, también han incidido que tanto la ONT como ASPE están realizando actualmente “un análisis pormenorizado del potencial de donación de órganos en centros de titularidad privada”.
Por otra parte, la unión de la sanidad pública y de la privada en lo que respecta a la red de donaciones podría sumar unos 350 centros activos en todo el territorio. En un primer listado, se han contabilizado 160 centros privados que podrían cooperar y sumarse de forma progresiva en los próximos años, los que se sumarían a los 185 centros públicos donde ya se hacen donaciones.
La propia directora de la ONT, Domínguez-Gil, subrayaba que “la incorporación de la sanidad privada persigue el objetivo de ofrecer la opción de donación a todo paciente que fallece en condiciones de serlo, sea en un centro privado o en uno público”. Además, precisaba que la incorporación de la sanidad privada se centraría en la donación y que los programas de trasplante se seguirían efectuando en el sistema sanitario público.