Las organizaciones sindicales UGT y CCOO han alertado sobre los riesgos de ''la inseguridad laboral asociada a las relaciones laborales temporales y parciales no deseadas que monopolizan las nuevas contrataciones, así como los ínfimos salarios que están obligando a los trabajadores y trabajadoras a elegir entre salario y salud, entre derechos y empleo''.
De hecho, en el manifiesto conjunto elaborado por ambas organizaciones, con el lema ''Trabajos tóxicos. Toma el control. Exige un trabajo sin riesgos'', se recuerda que en 2018 se registraron más de 1,3 millones de accidentes laborales, 152 cada hora, y 652 personas murieron a consecuencia de un accidente de trabajo.
Ambas organizaciones reclaman a las Cortes y al próximo Gobierno que actúen contra la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo derogando las reformas laborales
Sin embargo, junto con la inseguridad laboral, hay otros tres factores a tener en cuenta. En primer lugar, el subregistro de las enfermedades de origen laboral, porque ''lo que no se registra no se previene y lo que no se previene termina dañando la salud de las personas trabajadoras'', señala el manifiesto. En segundo lugar, la exposición continuada a ''sustancias peligrosas o a cargas de trabajo físicas o mentales excesivas'' que provocan enfermedades invalidantes e incluso la muerte. Y en tercer lugar está el cáncer de origen laboral, una ''asignatura pendiente'' de las políticas de salud laboral.
''En 2018 solo se declararon 28 enfermedades profesionales relacionadas con agentes carcinógenos -más de la mitad estuvieron relacionadas con el amianto-. Si se reconocieran todos los casos que se producen, el cáncer sería la primera causa de mortalidad profesional en España'', han señalado desde ambas organizaciones.
DEROGACIÓN, PREVENCIÓN Y REFUERZO
En este sentido, ambas organizaciones reclaman a las Cortes y al próximo Gobierno que actúen contra la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo derogando las reformas laborales. Asimismo, consideran necesario una prevención real en las empresas, que las administraciones públicas desarrollen las competencias que les asigna la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control normativo, y el reforzamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de la Seguridad y Salud en el Trabajo.