El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán ha entregado este lunes el Informe Anual 2017 a la presidenta del Congreso, Ana Pastor y al presidente del Senado, Pío García Escudero.
Según señalan desde la institución, en 2017, tramitaron 25.776 expedientes, entre quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40). Además, dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.
Por otra parte, el informe muestra que en 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales. Según ha señalado Fernández Marugán, el año pasado “vigilamos con atención, y seguiremos haciéndolo en 2018, el funcionamiento de los servicios públicos”.
El copago farmacéutico y las listas de espera han centrado algunos de los trabajos realizados en 2017 por esta Institución
Dentro de los servicios públicos, en el ámbito sanitario, los ciudadanos se quejaron de la carencia de servicios o especialidades, la falta de medios personales y materiales, y los problemas en edificios e infraestructuras.
En este sentido, según el Defensor del Pueblo, el año pasado la Institución se interesó por las listas de espera para la realización de pruebas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas. También el copago farmacéutico fue uno de sus objetivos. Recomendó al Ministerio que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, “para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan”.
Otras actuaciones destacadas en el ámbito sanitario tuvieron que ver con la falta de suministro de algunos medicamentos, disfunciones y retrasos en el transporte sanitario y atención a las personas celiacas.
En 2017 se analizó, además, la actuación de las Administraciones en lo relativo a la atención a la salud mental, donde la insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales se traduce en “una pobre respuesta a la fuerte demanda existente”, apuntan desde la Institución.