Uno de los principales aprendizajes que nos deja la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 es la rapidez con la que las enfermedades infecciosas pueden propagarse, así como la importancia de la salud como el pilar fundamental sobre el que se sustentan el conjunto de las sociedades. En este sentido, una de las principales críticas que se han lanzado contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la gestión realizada de la pandemia, ha sido la lentitud con la que adoptó determinadas decisiones en los momentos más críticos.
Entre los días 22 y 23 de enero de 2020 la OMS convocó al Comité de Emergencias, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), para evaluar si el brote de SARS-CoV-2 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). Los expertos no alcanzaron un acuerdo y se les emplazó a reevaluar la situación 10 días después. El 30 de enero, tras la notificación de los primeros casos de transmisión de Covid-19 fuera de China, el Comité recomendaba a la OMS la declaración del coronavirus como una emergencia de salud pública de carácter internacional.
A pesar de que muchos era la primera vez que tenían constancia de este concepto, lo cierto es que un mecanismo que ya había sido utilizado por la OMS en anteriores crisis sanitarias. Se trata de un instrumento jurídico con carácter vinculante para todos los Estados miembros de la OMS. Tiene por finalidad ayudar a la comunidad internacional a prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, evitando al mismo tiempo, las interferencias necesarias con el tráfico y el comercio internacionales.
De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional una emergencia de salud pública de importancia internacional hace referencia a un evento extraordinario, que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional y que, potencialmente, requiere una respuesta internacional coordinada. Antes del surgimiento del SARS-CoV-2, la OMS había declarado otras emergencias internacionales como con la gripe A en 2009, los brotes de ébola en los años 2014 y 2018, la poliomielitis en 2014 y el virus del zika en 2017. De todas estas, la emergencia declarada con la poliomielitis se ha solapado en el tiempo con la pandemia causada por la Covid-19. Pero el 2022 aún tenía reservada una sorpresa.
En mayo de 2022 se identificaron múltiples casos de viruela del mono (rebautizada por la OMS como Mpox) en varios países en los que la enfermedad no es endémica. Tras la lección aprendida con la Covid-19 la OMS declaraba el 23 de julio el brote global de viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Evento extraordinario, que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional y que, potencialmente, requiere una respuesta internacional coordinada
La tercera reunión del Comité de Emergencias del RSI celebrada el 1 de noviembre decidió mantener el brote de Mpox como una emergencia de salud pública de importancia internacional, aunque algunos de los expertos que lo componen no consideran que el evento constituyese una ESPII y que algunos de los criterios por los que se determina esta calificación pueden no ser los adecuados en este momento para fundamentar un dictamen sobre si se da por finalizada o no la ESPII relativa al brote de Mpox.
Tres emergencias sanitarias de carácter internacional han convivido durante el 2022 y lo harán durante el 2023. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 continúa presente aunque hayamos logrado superar los momentos más críticos. La vacunación continúa siendo fundamental así como cerrar la brecha en materia de inmunización y acceso a los tratamientos contra la Covid-19 entre los países más ricos y aquellos con ingresos medios y bajos.
En relación al brote global de Mpox, a pesar de la estabilización observada hacia el último trimestre del año, continúa suponiendo un problema de salud pública en varios países. El informe publicado por el Ministerio de Sanidad a mediados del mes de diciembre reportaba cerca de 18.000 casos confirmados en Europa con Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Portugal y España como los países más afectados. La mayoría de los casos se han detectado en hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales de riesgo. A nivel global los casos confirmados superan los 50.000 en países no endémicos, con Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú y México como las naciones más afectadas.
En el caso de la poliomielitis a lo largo de los últimos años se ha realizado un trabajo de coordinación de acciones de dirigidas a la erradicación de la poliomielitis con un compromiso a todos los niveles para detener rápidamente la transmisión Esto ha permitido conseguir que desde el año 2020 tan solo dos países en el mundo tuvieran transmisión activa de poliovirus salvaje: Pakistán y Afganistán.
Sin embargo, en los últimos años la situación ha cambiado, y se ha notificado poliovirus salvaje en otros dos países que no notificaban casos desde 1992 (Malawi y Mozambique), así como detecciones sucesivas de brotes de poliomielitis por poliovirus derivados de la vacuna, especialmente en África y Asia. Además, durante el año 2022, varios países occidentales, como Reino Unido, Estados Unidos e Israel, han notificado circulación de poliovirus derivados de la vacuna en sus aguas residuales, identificándose además dos casos clínicos de poliomielitis paralítica.
En España, el último caso de poliomielitis por poliovirus salvaje ocurrió en el año 1988 y, tanto España como la Región Europea de la OMS tienen la certificación de Región libre de poliomielitis desde 2002 que es ratificada anualmente por la Comisión Regional de Certificación de Erradicación de Poliomielitis de la Oficina Regional de la OMS para Europa.