El Tribunal Supremo ha anulado los artículos que discriminaban a una gran parte de los afectados por la talidomida en el Real Decreto 574/2023. Así lo comunicaba el pasado 7 de enero la Asociación Andaluza de Afectados por Talidomida (A3t), que celebraba la nulidad de estos artículos para “poder cambiar esta injusticia cuando nadie daba un duro por nosotros”, tal y como declaran en un comunicado. De hecho, la entidad andaluza ha sido la primera en presentar un recurso contencioso-administrativo contra esta normativa.
Como explica José Enrique García Rodríguez, presidente de la asociación, en una entrevista para ConSalud.es, “Andalucía tiene una situación particular porque contamos con un reconocimiento oficial por parte del IMSERSO desde hace años. Sin embargo, al establecerse el decreto, se exigió un certificado del Instituto de Salud Carlos III, ignorando los reconocimientos previos, lo que dejó a muchos fuera de las ayudas”.
"El Supremo dejó claro que las personas ya acreditadas oficialmente no necesitan pasar por este filtro adicional"
El proceso ha sido complejo. A pesar de los reiterados rechazos de solicitudes basados en la ausencia de este nuevo certificado, las víctimas no continuaron la lucha para poner fin a estos trámites burocráticos que el presidente de A3t considera innecesarios. “El Supremo dejó claro que las personas ya acreditadas oficialmente no necesitan pasar por este filtro adicional. Sin embargo, el IMSERSO ha ignorado esta sentencia durante meses”, explica García Rodríguez.
El impacto de esta lucha legal ha comenzado a materializarse. El Tribunal Supremo ha aceptado la indemnización histórica para una de las mujeres afectadas, quien ha logrado una indemnización histórica de 1.092.000 euros tras una sentencia favorable en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.
"Estamos esperando que el IMSERSO revise los expedientes rechazados y acepte las ayudas solicitadas, tal y como exige el Supremo"
A pesar de las victorias judiciales, la situación sigue siendo incierta. “Estamos esperando que el IMSERSO revise los expedientes rechazados y acepte las ayudas solicitadas, tal y como exige el Supremo. Sin embargo, nos encontramos con excusas económicas y una falta de voluntad política para resolver este problema”, lamenta García Rodríguez.
El problema presupuestario radica en una serie de ayudas aprobadas para un límite de personas, sin tener en cuenta el verdadero número de afectados por la talidomida. Desde el inicio del proceso, A3t denunció que las partidas destinadas a las ayudas eran insuficientes. “No puedes fijar un presupuesto sin saber cuántas personas serán reconocidas ni el grado de discapacidad que presentan. Esto demuestra una falta de planificación por parte del Gobierno”, subraya el presidente de la entidad.
Además de las trabas económicas, las víctimas han enfrentado un trato burocrático frío y deshumanizado. “Las personas rechazadas no recibían explicaciones claras ni soluciones alternativas. Simplemente, se les decía que no cumplían con los requisitos, ignorando sus certificaciones previas. Esto no es un simple trámite; afecta a la calidad de vida de las personas que dependen de estas ayudas y que no pueden costear los gastos con sus pensiones”, señala el presidente.
"Es necesario que el IMSERSO actúe de manera proactiva, revise todos los casos y garantice las ayudas a quienes les corresponden"
A3t espera que las resoluciones judiciales sirvan como catalizador para un cambio definitivo en la postura del gobierno. “No queremos seguir dependiendo de sentencias favorables. Y llegarán más, pero es necesario que el IMSERSO actúe de manera proactiva, revise todos los casos y garantice las ayudas a quienes les corresponden”, demanda García.
El futuro del colectivo sigue en el aire. Mientras tanto, las víctimas, tanto en Andalucía como a nivel nacional, continúan luchando por sus derechos, con la esperanza de que estas victorias legales sean el principio del fin de una batalla que lleva décadas prolongándose. “No estamos denunciando un retraso de un año en el pago de las ayudas, sino de décadas. El problema económico es vital, por no hablar de todas las personas que se han quedado en el camino”, concluye el presidente de A3t.