En España, el número de personas que sufrieron cuadros de depresión y ansiedad se incremento entre un 25 y un 30% en 2020 como consecuencia de la pandemia. A nivel global, los cuadros de depresión mayor aumentaron un 28% hasta alcanzar los 246 millones de casos. La fotografía mostrada por el estudio realizado por The Lancet refleja la dureza con la que la pandemia ha golpeado a la salud mental.
Alrededor de 1.500 personas en nuestro país se encuentran en riesgo de suicidio inminente como consecuencia de una depresión mayor resistente al tratamiento (DRT). Este es el término que se emplea en el campo de la psiquiatría para hacer referencia al tipo más grave de depresión. Se define como aquella en la que tras una correcta adherencia al tratamiento farmacológico durante al menos seis semanas, los pacientes no experimentan recuperación. Tal y como informan en este sentido desde La Razón, solo el 14% de las personas con criterios de DRT consiguen una remisión de los síntomas. Una meta cuya consecución supone un titánico reto terapéutico.
Los avances en materia de tratamientos y terapias que se logran para estos pacientes son más bien escasos. Hasta hace apenas un año la terapia basada en electroshock se erigía como su única alternativa. Pero existe un nuevo fármaco que ha demostrado una mejora significativa de los síntomas en hasta un 50% en menos de 48 horas, prácticamente sin efectos secundarios. Se trata de esketamina, cuyo nombre comercial es Spravato y que ha sido desarrollado por Janssen Pharmaceuticals.
Se trata de un antagonista al receptor de glutamato N-metil-D-aspartato (NMDA), que se administra mediante pulverización nasal. Spravato aprobado en diciembre de 2019 por la Comisión Europea para ser utilizado en combinación con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) e inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (IRSN). Está indicado en adultos con trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento, que no han respondido al menos a dos tratamientos diferentes con antidepresivos en el episodio depresivo moderado o grave actual.
Un duro golpe a la salud mental si tenemos en cuenta que nuestro país ocupa la cuarta posición por número de pacientes afectados por depresión mayor en la Unión Europea
El fármaco, administrado de forma conjunta con terapia antidepresiva oral, está indicado en adultos con un episodio de trastorno depresivo mayor de moderado a grave, como tratamiento agudo a corto plazo, para la rápida reducción de los síntomas depresivos, los cuales de acuerdo al criterio clínico constituyen una emergencia psiquiátrica.
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizaba julio de 2020 el uso de este fármaco para el tratamiento de personas que se encontrasen en riesgo de suicidio inminente. Un camino seguido por la Comisión Europea en febrero de 2021 y que se tradujo en la financiación de este medicamento en países como Francia, Suecia, Alemania, Noruega o Bélgica entre otros.
Tal y como ponen de relieve en el análisis sobre este medicamento realizado por La Razón, este paso no se ha producido todavía en España no va a producirse. Un duro golpe a la salud mental si tenemos en cuenta que nuestro país ocupa la cuarta posición por número de pacientes afectados por depresión mayor en la Unión Europea.
Hasta la fecha, el uso de Spravato está limitado en España al modo compasivo ya que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), ha decidido denegar su financiación y ha procedido al cierre del expediente.
El CIPM cierra el expediente denegando la aprobación, sin el rechazo por parte de Lacruz y su Departamento, responsable última de la de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, aún sabiendo que solo el año pasado se suicidaron en España 3.900 personas
“Con respecto a este medicamento (en relación a Spravato), la Comisión acuerda proponer a la Dirección General la no inclusión de este medicamento en la prestación farmacéutica del SNS teniendo en cuenta las incertidumbres respecto a su valor terapéutico y criterios de racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el SNS”, expone el CIPM.
“La Comisión ha considerado que la evidencia disponible hasta el momento es limitada, que existe una alta incertidumbre en el número de pacientes susceptibles de tratamiento, en el beneficio clínico a largo plazo, tal y como se informa en el IPT. Adicionalmente a lo anterior, la utilización de este medicamento se acompaña de un elevado uso de recursos sanitarios para el SNS”, añade.
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos está presidida por Silvia Calzón, secretaría de Estado de Sanidad, mientras que la vicepresidencia la ocupa Patricia Lacruz Gimeno, directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. El nombre de esta última no es la primera vez que aparece en un caso en el que se perjudica de forma tan torticera a los pacientes.
La suspensión del visado de la triple terapia para pacientes con enfermedad obstructiva crónica (EPOC), generó una importante polémica puesto que con su eliminación el SNS se ahorraría un 15% de la factura farmacéutica de estos medicamentos y se mejoraba la calidad de vida del paciente y la adherencia al tratamiento, pero el Departamento dirigido por Lacruz se mostró reticente a sus suspensión hasta la llegada de la Covid-19.
Recordada también ha sido la incompetencia que demostró Patricia Lacruz en el “caso Sysadoa”, sobre la desfinanciación de los fármacos de acción lenta para el tratamiento de la artrosis.
Resulta poderosamente llamativo y, cuanto menos contradictorio, que se deniegue la aprobación de este fármaco que puede ayudar de forma muy importante a los pacientes con trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento. Más cuando el Ministerio de Sanidad presentaba el pasado 3 de diciembre la primera Estrategia de Salud Mental en los últimos 21 años. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacaba sobre esta su necesidad incidiendo en lo poco que se habla sobre la salud mental.
Ahora, el CIPM cierra el expediente denegando la aprobación, sin el rechazo por parte de Lacruz y su Departamento, responsable última de la de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, aún sabiendo que solo el año pasado se suicidaron en España 3.900 personas.