El Gobierno central, Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla avanzan hacia una coordinación total en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. El Consejo de Políticas del Juego, que preside el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha aprobado este lunes la propuesta para trabajar en la interconexión de los registros de prohibidos estatal y autonómicos con la finalidad de proteger a miles de personas y familias frente a los problemas del juego. El acuerdo ha contado con el apoyo de todas las CCAA, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana.
Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a esta actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas impiden el acceso a salas o portales online donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos devastadores de una acción compulsiva.
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. El registro estatal –que depende del Ministerio de Consumo– impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.
El acuerdo ha contado con el apoyo de todas las CCAA, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana
Estos registros a día de hoy no están conectados –a excepción de Castilla - La Mancha que sí ha avanzado en la interconexión–, lo que supone que la protección que ofrecen presente vacíos e inconsistencias importantes. Así, una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no podrá acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no podrá acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí podrá hacerlo en otra.
El objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan.
CONVENIOS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDADES
A efectos de protección, los registros de interdicciones funcionarán como una única base de datos. La coordinación se realizará mediante una agenda de estrecha colaboración entre el Ministerio de Consumo y Comunidades Autónomas, que tendrán hasta enero del 2021 para encontrar la mejor fórmula de conexión. Para que todos los registros queden interconectados, el Gobierno de España firmará convenios con las CCAA a lo largo del próximo año.
El ministro de Consumo ha dicho que simplificar los trámites de autoprohibición “facilitará la vida a muchas familias abrumadas por el problema de la ludopatía, sobre todo a las más vulnerables”. “Ponemos por delante a las personas y garantizamos su salud y protección, simplificando las trabas burocráticas”, ha señalado Garzón que añade que “personas sin recursos, con limitaciones de acceso a la tecnología, en zonas rurales o con dificultades de desplazamiento estarán favorecidas por la interconexión”