Recientemente ha sido publicado el informe ‘Situación del comercio ilícito y fraude en España, Europa y resto del mundo’, por la compañía SICPA. Un documento dirigido a concienciar a la sociedad del problema que supone el fraude y el comercio ilícito para la salud, la economía, el empleo y el medioambiente.
El informe de SICPA se centra en datos muy concretos. En España se calcula que el impacto porcentual en el PIB de las falsificaciones se sitúa en torno al 20% y, a nivel social, un tercio de los europeos (31%) considera que las falsificaciones son una alternativa aceptable en caso de que los precios de los productos auténticos sean altos. En la franja de 15 a 24 años, el porcentaje alcanza el 50%.
MESA REDONDA CON LOS PRINCIPALES AGENTES ECONÓMICOS ESPAÑOLES
El acto de presentación del informe ha incluido una mesa redonda presentada y moderada por Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocio de SICPA España, en la que representantes de las asociaciones sectoriales económicas más afectadas (alimentación, cosmética, bebidas, perfumería y artículos de lujo) y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han contextualizado el problema e identificado la naturaleza multidisciplinar y transnacional del fenómeno.
Durante la presentación, Martín Sarobe, CEO de SICPA SPAIN SLU, ha puesto de manifiesto la necesidad de arrojar luz sobre el problema y concienciar a los ciudadanos de que el fraude, las falsificaciones y la violación de la propiedad industrial es un problema no solo económico, sino también social e, incluso, sanitario, que necesita una respuesta conjunta que sólo será óptima si, además de medidas, incluye un despliegue de soluciones tecnológicas.
“El informe persigue un objetivo, que es servir de ayuda para dirigir el foco en el centro del problema, levantar conciencias y proponer soluciones”
“El informe persigue un objetivo, que es servir de ayuda para dirigir el foco en el centro del problema, levantar conciencias y proponer soluciones”, explica Sarobe. “Se estima que, en los años prepandemia, los últimos de los que tenemos datos, el comercio de falsificaciones suponían un 2,5% del PIB mundial, unos 120.000 millones de euros, casi un 6% del total de las importaciones de la UE. Las dimensiones de las cifras son enormes y es un problema global, no centrado sólo en un área concreta”, aclara el CEO.
Enrico Frabetti, director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de la FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) ha aprovechado su intervención para denunciar el peligro que suponen estas actividades ilícitas para los consumidores, con la pérdida de confianza hacia la empresas y hacia el sistema, hacia las autoridades y los sistemas de control.
Finalmente, Óscar Mateo, director de Conocimiento de STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), representante de uno de los sectores más valorados por el consumidor final, gracias a sus productos de alta gama. “Las marcas cumplen con la legislación, pagan impuestos y generan empleo, pero compiten con otros que son delincuentes, todo un reto para la industria”. Para el responsable de STANPA, la Administración debe ser más contundente en las penas y la Justicia tiene que ser más ágil y más sensible. Nos sentimos desprotegidos por la administración, no por las fuerzas de seguridad”, aclara. De forma común se ha puesto de manifiesto la necesidad de solucionar el problema aplicando un enfoque integral -a través de una actuación firme y conjunta por parte de todos los sectores económicos y sociales implicados, tanto públicos como privados.
Por otro lado, otra de las conclusiones a las que se ha llegado es que es ya urgente la implantación de medidas que ayuden a coordinar las actuaciones, la armonización y reforzamiento de las legislaciones antifraude, la optimización del sistema de recogida y el manejo de datos estadísticos para conseguir una mayor sensibilización y formación de los ciudadanos sobre la realidad de este fenómeno.
El fraude y el comercio ilícito son un problema grave y al alza, que no sólo se ha visto impulsado por el delicado contexto internacional, sino que está siendo espoleado por el adormecimiento de las conciencias de los ciudadanos, que no son capaces de ver el tremendo agujero económico que estas prácticas fraudulentas suponen para estados, empresas y contribuyentes ni las numerosas y aún más peligrosas consecuencias para el medioambiente y su propia salud y seguridad.