El pasado 22 de julio el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba los dictámenes de las áreas de Sanidad y Salud Pública, Reactivación Económica y Unión Europea de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
El dictamen del área de Sanidad y Salud Pública ha sido aprobado con 256 votos a favor, 88 en contra y tres abstenciones. En él se incluyen unas 70 propuestas de resolución en torno a cómo se debe abordar la gobernanza en materia sanitaria, a cómo reforzar y mejorar los recursos humanos y profesionales, el impulso que dar a la atención primaria y a las políticas de salud pública, cómo abordar la investigación en I+D+i, la distribución, fomento y acopio de fármacos y vacunas, la profundización en la transformación digital, cómo coordinar los servicios sanitarios y sociales, la política farmacéutica, la industria biosanitaria y la reserva estratégica, cómo adecuar la financiación sanitaria a las necesidades reales y que modelo de atención sanitario establecer.
Entre las medidas aprobadas destaca el polémico punto 47.2 que ha supuesto un auténtico golpe para las asociaciones de pacientes y para la formación continuada de los profesionales médicos. El artículo expresa lo siguiente: “Tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes. Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria”.
En este sentido el PP ha promovido dos acciones parlamentarias con el objetivo de encontrar una solución a los dos puntos referidos que han generado un gran malestar entre las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas. El partido liderado por Pablo Casado ya había presentado una Proposición No de Ley (PNL) sobre la participación y financiación de las asociaciones de pacientes y ha presentado una segunda que pretende “incrementar sustancialmente la dotación presupuestaria destinada a la formación continuada pública de los profesionales sanitarios en colaboración con las comunidades autónomas”.
En esta PNL se establece que la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) puede modificarse para establecer un marco regulatorio que, “en sintonía con la normativa comunitaria, garantice un marco de certidumbre y seguridad jurídica a las actividades de formación continuada basadas en acuerdos de colaboración y de sostenibilidad económica entre las entidades representativas de los profesionales sanitarios y las empresas, entes, e instituciones del sector sanitario, dotados de plena transparencia y respetuosos con la independencia de dichos profesionales”.
Cabe destacar que la PNL propone que se fije una serie de garantías similares para las actividades centradas en la investigación y la difusión científica. El PP explica que la formación continuada se erige como “un factor clave para la calidad asistencial y para el impulso y desarrollo de las competencias”. Un terreno en el que consideran fundamentales las actividades formativas que, además, generan una serie de gastos a los que es necesario hacer frente.
El PP explica que la formación continuada se erige como “un factor clave para la calidad asistencial y para el impulso y desarrollo de las competencias”
Motivo por el que los populares recuerdan que “sigue siendo imprescindible contar con la colaboración del sector privado, farmacéutico y tecnológico, que, en el ejercicio de una función de responsabilidad social corporativa y de compromiso solidario, ayudan a la sostenibilidad económica de la formación continuada”. Una relación habitual en los países de nuestro entorno que se desarrollaba bajo unos estrictos criterios éticos y de transparencia.
El Grupo Popular cree que resultaría de gran utilidad aprobar una normativa legal que respaldase y ofreciese garantías a la continuidad de la colaboración en materia formativa entre las entidades de los profesionales sanitarios y la industria.
UNA COLABORACIÓN ESENCIAL
Tras la aprobación del Dictamen Farmaindustria emitió un comunicado en el que expresa que la colaboración de las compañías farmacéuticas es esencial para la formación continuada de los profesionales sanitarios.
“La prohibición de estas colaboraciones iría en contra de la libertad de empresa y de la iniciativa privada, principios consagrados en la Constitución”
“Las colaboraciones de la industria con las organizaciones de pacientes, si bien no son las únicas fuentes de ingresos de estas organizaciones, son fundamentales para que puedan llevar a cabo proyectos de formación o de ayuda a los pacientes y a sus cuidadores y familiares en muchas de sus necesidades, algunas de las cuales no están cubiertas por el sistema sanitario. De hecho, la legislación favorece las ayudas a entidades sin fin de lucro con fines sociales a través de distintos mecanismos, como la ley del mecenazgo”.
“Tanto en el caso de la formación continuada de los profesionales sanitarios como en las actividades de las asociaciones de pacientes, estas colaboraciones con las compañías farmacéuticas, además de ser legítimas, benefician al sistema sanitario y al conjunto de la población, puesto que contribuyen a la mejora de la calidad de la prestación sanitaria y a la articulación de las organizaciones de pacientes, cuya voz e implicación son fundamentales para orientar la labor sanitaria hacia las necesidades de los enfermos”, indican señalando que “la prohibición de estas colaboraciones iría en contra de la libertad de empresa y de la iniciativa privada, principios consagrados en la Constitución”.
“Las ayudas que recibimos se encuentran además amparadas en el marco de protección de la Ley de Mecenazgo, que permite que las entidades suscriban acuerdos de colaboración para la consecución de sus fines y objetivos. Todo bajo un estricto y escrupuloso control de la Administración”, expresa Santiago Alfonso, director de Acción Psoriasis.