La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado el primer paso para invalidar, por contenido inconstitucional, una decisión que data del año 1973 y que legalizaba el aborto hasta la viabilidad del feto, que se sitúa sobre las 24 semanas de gestación.
El documento, al que ha tenido acceso el medio Politico, estaría respaldado por los cinco magistrados conservadores (Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Samuel Alito, a quien nominó en el año 2005 el entonces presidente George W. Bush), frente a los tres magistrados progresistas (Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan). Lo que no se ha definido ha sido la posición del presidente del órgano, John Roberts, de la tendencia conservadora.
El gobernador republicano del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, ha firmado una ley para prohibir el aborto a partir de las seis semanas de gestación pocas horas después de la filtración del borrador de la Corte Suprema. "Estoy orgulloso de firmar la ley SB1503, la Ley de Latidos del corazón de Oklahoma. Quiero que Oklahoma sea el estado más provida del país porque represento a los cuatro millones de habitantes que abrumadoramente quieren proteger a los no nacidos", ha declarado en su cuenta de Twitter.
En España la interrupción voluntaria del embarazo se eleva hasta las 22 semanas en situaciones de "graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto"
La coyuntura provocada en Estados Unidos lleva a analizar cuál es la situación en España. Fue en 1985 cuando se despenalizó el aborto en tres supuestos, a saber: “riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada; violación y malformaciones, o taras físicas o psíquicas en el feto”. Es preciso recordar que esta última alusión fue suprimida por la norma jurídica que elaboró el Gobierno a través del departamento de Igualdad, dirigido entonces por Bibiana Aído.
Esta fue la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En sus artículos 13 y 14, el texto consolidado detalla la despenalización de la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas de embarazo. Será en este período cuando la mujer podrá tomar su decisión, de forma libre e informada, sobre la interrupción de la gestación, excluyendo cualquier intervención de terceros.
El artículo sucesivo advierte que el plazo de posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se eleva hasta las 22 semanas en situaciones de “graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto”. A partir de entonces, este acto solo podrá llevarse a cabo en dos supuestos: anomalías en el feto incompatibles con la vida o la detección en el feto de una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico.
La actual ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció en 2020 su intención de reformar la ley, con el propósito de "derogar" la reforma que impulsó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy. Uno de los elementos más destacados de esta modificación fue la necesidad de disponer de consentimiento paterno o de los tutores legales para los casos de aborto en menores de 16 y 17 años. Así, la idea de Montero pasa porque todos los hospitales de la red pública estén obligados a la práctica de abortos.
MAPA DE SITUACIÓN EN EUROPA
La realidad en el marco europeo es muy diversa, dado que cada país tiene autonomía para legislar en materia de derechos sexuales y reproductivos, entre los que se incluye el derecho a la IVE. Determinadas normativas permiten la práctica del aborto en situaciones de violación, incesto o malformación del feto, como las vigentes en Irlanda del Norte, Gales, Irlanda, Chipre, Finlandia o Mónaco.
En otros países europeos el aborto es legal, si bien hay que tener muy en cuenta los plazos fijados por cada Estado. En Italia y Grecia, por ejemplo, las mujeres tienen la potestad de abortar libremente en un periodo no superior a tres meses de embarazo. Cabe destacar que es uno de los plazos más reducidos dentro del marco europeo.
San Marino, Ciudad del Vaticano, Malta o Andorra consideran ilegal la práctica del aborto; en este último caso, la Justicia andorrana puede elevar las penas hasta los dos años de prisión, tanto por abortar como por ser cómplice
Austria permite abortar antes de que finalicen las 16 primeras semanas de gestación, toda vez que en Suecia se eleva dos semanas más. Nuestro país vecino, Francia, acepta llevar a cabo este proceso hasta la semana 21, mientras que Reino Unido extiende este plazo hasta las 24 primeras semanas de gestación; no obstante, si existe riesgo para la salud del feto o de la madre, el embarazo se puede interrumpir en cualquier momento.
Otros países, sin embargo, consideran en su legislación que esta práctica es ilegal. Hacemos referencia a San Marino, Ciudad del Vaticano, Malta o Andorra; en este último caso, la Justicia andorrana puede elevar las penas hasta los dos años de prisión, tanto por abortar como por ser cómplice.
Finalmente, Gibraltar aplicaba la cadena perpetua a la mujer que abortase en el seno de su territorio. No obstante, el 62% de los votantes del referéndum celebrado en junio de 2021 votó a favor de suprimir esta sanción y apostar por una ley de plazos: 12 semanas por gestación y 22 semanas por patología fetal.