“Una respuesta eficaz a la Covid-19 y a cualquier pandemia futura requiere no solo de una lista de verificación de acciones políticas, sino también de sistemas de salud que puedan brindar los resultados y ofrecer apoyo a las personas para que realicen conductas prosociales”. Esta es una de las principales conclusiones recogidas en el informe elaborado por la Comisión The Lancet. Un documento que analiza la gestión global de la pandemia e identifica cuáles han sido los principales fallos en las estrategias nacionales a la hora de hacer frente al SARS-CoV-2. La necesidad de fortalecer unos sistemas sanitarios que no estaban preparados y se vieron colapsados es una de las grandes demandas de este informe.
Los autores del trabajo critican que la gran mayoría de países ha invertido muy poco en los últimos años en lo que denominan como “servicios de salud pública basados en la comunidades”. Como miembros de la comunidad a la que sirven, los trabajadores comunitarios de la salud son una pieza fundamental a la hora de mejorar la salud entre las poblaciones. Estos profesionales actúan como el enlace entre las personas y los servicios preventivos y clínicos.
Muchos países de medios y bajos ingresos, particularmente aquellos que han hecho frente a otras epidemias como el VIH, el ébola o el zika, pudieron integrar sus respuestas frente a la Covid-19 con una red comunitaria bien establecida en aspectos fundamentales como la detección y rastreo de contactos a través de los trabajadores de la salud comunitarios. El informe ejemplifica esto con las experiencias de Bután, Brasil y Kenia. Países en los que los trabajadores comunitarios de la salud fueron esenciales para responder a la pandemia. Sin embargo, aunque estos profesionales desempeñaron un papel vital, continúan recibiendo poco apoyo y, con demasiada frecuencia, soportan una sobrecarga de trabajo.
Los sistemas nacionales de salud sólidos y la cobertura universal de la salud se han establecido como prioridades en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la misión de prevenir y tratar enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles, así como para reducir el impacto en materia de salud de estas enfermedades. “Los países con cobertura universal de salud y sistemas de salud centrados en la Atención Primaria, tal como lo exige la Meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pudieron ampliar los servicios de emergencia para pacientes con Covid-19, mientras continuaban garantizando una atención médica de calidad para las necesidades de salud no relacionadas con la pandemia”, expone el informe.
Los expertos indican que se han apreciado diferencias significativas en los efectos de la pandemia entre las poblaciones de los países con sistemas de salud resilientes y una cobertura sanitaria universal asentada, y aquellas naciones que presentaban carencias en este sentido. En entornos de bajos recursos, la pandemia ha tenido un marcado efecto en aspectos como los programas de inmunización, mortalidad materna, los esfuerzos para el control de enfermedades como la malaria y los programas destinados a la prevención y tratamiento de la tuberculosis y el VIH.
“Los países con cobertura universal de salud y sistemas de salud centrados en la Atención Primaria pudieron ampliar los servicios de emergencia para pacientes con Covid-19, mientras continuaban garantizando una atención médica de calidad para las necesidades no relacionadas con la pandemia”
“Los programas de inmunización de rutina para los niños se han interrumpido, y han aumentado las muertes maternas, los mortinatos, los embarazos ectópicos y la depresión materna. Las estimaciones sugieren que en 2020 se produjeron 680.000 muertes por VIH y un exceso de 1,4 millones de muertes por tuberculosis, 14 millones de casos de malaria y 69.000 muertes por malaria en todo el mundo”, señala el informe. “Aproximadamente dos tercios de estas muertes adicionales por paludismo se relacionaron con interrupciones de los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la malaria, como la cobertura de medicamentos contra la malaria, la distribución de mosquiteros tratados con insecticida y diagnósticos”.
Los expertos recalcan, en base a su análisis, que los elevados niveles de desigualdad en términos de ingresos económicos generan una falta de confianza social y de solidaridad. Esto erosiona el apoyo a los servicios públicos. “En ausencia de servicios públicos, las desigualdades persisten o aumentan, creando un círculo de retroalimentación de desconfianza y desigualdad, definida por el sociólogo Bo Rothstein como ‘trampa social’”.
Esta falta de solidaridad social se manifiesta de forma especialmente aguda en relación con los grupos más marginados de las sociedades como son las personas sin hogar, presos, drogadictos, personas que sufren distintos tipos de abuso en sus hogares, minorías raciales y étnicas y las personas con menos ingresos. “Estos grupos altamente vulnerables deben ser priorizados por el sistema de salud pública”, piden.
Avanzando en las conclusiones del informe destaca una apreciación que ha cobrado especial relevancia durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19: los servicios de salud pública abordan una dimensión de la vulnerabilidad que el sistema de salud curativo pasa por alto en gran medida: la alta y creciente prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.
“La Covid-19 ha impuesto cargas de morbilidad y mortalidad especialmente altas en personas con condiciones comórbidas, como la obesidad, diabetes y enfermedades renal y cardíaca. Estas enfermedades crónicas no transmisibles pueden mitigarse a través de medidas sociales y de salud pública, a través de esfuerzos preventivos y de rehabilitación para promover comportamientos saludables, como dietas nutritivas y estilos de ida más activos; así como abordando los determinantes ambientales de las enfermedades no transmisibles”, atendiendo a problemas como la contaminación atmosférica y el entorno. “La industria de la salud curativa presta poca atención a los beneficios para la salud a largo plazo del estilo de vida y los cambios ambientales para reducir los riesgos”.
Una de las críticas del informe que nos ocupa pone la atención sobre cómo la pandemia ha evidenciado la falta de interés que se ha puesto en el diseño y la gestión de los sistemas de ventilación y filtración para lograr espacios interiores saludables, incluyendo empresas, escuelas y el transporte público. “La transmisión del SARS-CoV-2 ocurre principalmente en interiores dada la alta concentración de aerosoles en espacios interiores con mala ventilación. En exteriores, la dilución y dispersión de partículas en el aire es mucho mayor”.
“Los estándares de ventilación existentes no son efectivos contra la transmisión de enfermedades respiratorias”, recalcan. En este sentido los responsables del informe piden a los organismos nacionales e internacionales responsables, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) el desarrollo de objetivos de ventilación para enfermedades respiratorias infecciosas, incluso en entornos que no están relacionados con la atención médica. “Establecer tasas de ventilación sobre la base de reducir los riesgos para la salud, en lugar de solo minimizar el consumo de energía, así como exigir una filtración mejorada del aire, podría ayudar a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades dentro de los edificios”.
"El sistema de atención a la salud debe incluir una cobertura sanitaria universal que se centre en la Atención Primaria de la salud, y que garantice que todos los pacientes tengan acceso a una atención de calidad para los problemas de salud relacionados y no relacionados con la pandemia, incluida la salud mental"
Razones por las que el informe pide a los países fortalecer los sistemas nacionales de salud “sobre la base de la salud pública y la cobertura universal de la salud, basados en los derechos humanos y la igualdad de género”. Los expertos argumentan que los sistemas de salud pública sólidos deben cumplir con las siguientes especificaciones:
- Incluir relaciones sólidas con las comunidades locales y las organizaciones comunitarias.
- Sistemas de vigilancia y notificación.
- Sólidas cadenas de suministro médico.
- Estrategias de diseño de edificios que promuevan la salud.
- Inversiones en investigación en ciencias sociales y del comportamiento para desarrollar e implementar intervenciones más efectivas.
- Promoción de conductas prosociales.
- Sólida educación sanitaria para la promoción de la salud.
- Sistemas de prevención de enfermedades y preparación ante emergencias.
- Estrategias eficaces de comunicación sanitaria.
- Esfuerzos activo para abordar la desinformación sobre salud pública en las redes sociales.
- Síntesis de la evidencia continuamente actualizada.
“El sistema de atención a la salud debe incluir una cobertura sanitaria universal que se centre en la Atención Primaria de la salud, y que garantice que todos los pacientes tengan acceso a una atención de calidad para los problemas de salud relacionados y no relacionados con la pandemia, incluida la salud mental. Para ello, los trabajadores comunitarios y de la salud, así como las organizaciones comunitarias deben estar bien capacitadas y contar con apoyo”, concluye el informe.