Vox asegura que ha presentado miles de propuestas en el Congreso dirigidas a actuar frente a la epidemia, en un intento de liderar la oposición al Gobierno de forma responsable. Sin embargo, otras acciones iniciadas por el partido que lidera Santiago Abascal lo convierten en el partido más beligerante frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación a su gestión de la epidemia del coronavirus, optando por la vía judicial ya en varias ocasiones.
La última la ha anunciado este lunes Jorge Buxadé, vicepresidente de esta formación y diputado en el Parlamento Europeo, quien ha informado que han interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto de declaración del Estado de alarma y sus posteriores prórrogas y modificaciones.
Esta formación ha acusado al Gobierno de "privarnos de la libertad de reunión, de manifestación o del derecho de educación"
Desde este grupo entienden que el Gobierno lo ha ejercido “de forma abusiva e inapropiada”. El propio Buxadé ha manifestado que “no se puede suspender ningún derecho fundamental de los españoles, ya que solo se puede limitar la libre circulación”. En concreto, han acusado directamente al Ejecutivo central de acciones como “no querer acudir al Congreso”, de “sancionar con multas a los españoles por salir de sus casas”, de “privarnos de la libertad de reunión”, “de manifestación” o de la “libertad individual y del derecho de educación”.
Cabe recordar que el RD de Estado de alarma recoge los movimientos excepcionales que sí están permitidos, mientras que el resto estarían provisionalmente prohibidos debido la situación de emergencia nacional por la que pasa el país debido a la evolución de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, Vox no han hecho mención a este asunto.
QUERELLAS CONTRA EL GOBIERNO
Esta no es la única acción judicial que han impulsado desde este partido contra el Gobierno. Hace apenas una semana, presentaron una querella contra Pedro Sánchez, Salvador Illa, ministro de Sanidad, y el resto del Ejecutivo central al considera que han producido “posibles delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores”.